El dictamen impulsado por las bancadas de Morena, PT y Encuentro Social se aprobó con la abstención de los diputados del PRI y el voto en contra de los legisladores que integran el grupo de Por Puebla al Frente
Por: Mario Galeana / @MarioGaleana_
El Congreso local aprobó un paquete de reformas para que los proyectos de prestación de servicios (pps) y de asociaciones público privadas (app) se consideren dentro de la deuda pública del estado.
El dictamen impulsado por las bancadas de Morena, PT y Encuentro Social se aprobó con la abstención de los diputados del PRI y el voto en contra de los legisladores que integran el grupo de Por Puebla al Frente.
La bancada del PAN señaló que las reformas contravienen los ordenamientos legales que plantean que los PPS y APP no son considerados deuda pública. En consecuencia, el jefe de la bancada blanquiazul, Marcelo García Almaguer, previó que el gobernador José Antonio Gali Fayad aplique su derecho de veto sobre las iniciativas aprobadas.
El bloque de Juntos Haremos Historia, en cambio, defendió la propuesta al señalar que, a la fecha, se desconocen los mecanismos por los cuales la administración de Rafael Moreno Valle contrajo 14 contratos de PPS, por los cuales se acordó la edificación del Museo Internacional Barroco, el Centro Integral de Servicios (CIS) y la plataforma de Audi, entre otros.
“En Puebla no sólo no tenemos certidumbre en esos contratos, sino que desconocemos, entre otras cosas, las tarifas fijas de contratos, los costos programados o cuotas que el gobierno del estado paga por los PPS, y las responsabilidades de mantenimiento de obras que se hicieron por estos PPS”, alegó la diputada Mónica Lara Chávez, del PES.
El coordinador de la bancada de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, dijo que los contratos de PPS y APP no pueden ser considerados como una “deuda oculta”, sino, más bien, como “alternativas de financiamiento para los estados”.
Según el legislador local, a la fecha el estado posee obligaciones financieras por 22 mil 554 millones de pesos por PPS, que deberán pagarse en un plazo de 25 años. Hasta ahora, precisó, la gestión de José Antonio Gali ha cubierto mil 200 millones de pesos.
“(Para cubrir las obligaciones) se destina menos del 30% del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), y esto sólo queda como garantía para el pago mensual de este esquema de inversión pública. De no ser por este mecanismo, no se tendría dinero para tener proyectos de gran envergadura”, dijo.