El dictamen sobre las modificaciones a las leyes, impulsado por las bancadas de morena, pt y pes, se aprobó con 22 votos a favor y la oposición del bloque frentista.
Por: Mario Galeana
El Congreso de Puebla aprobó un paquete de reformas para que los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y de asociaciones público privadas (APP) sean consideradas dentro de la deuda pública del estado.
El dictamen sobre las modificaciones a las leyes de Deuda Pública, Proyectos para la Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información fue impulsado por las bancadas de Morena, PT y PES; se aprobó con 22 votos a favor, la abstención de los diputados del PRI y el voto en contra de los legisladores que integran el grupo de Por Puebla al Frente.
La bancada del PAN señaló que las reformas contravienen las leyes a nivel federal donde se especifica que los PPS y APP no pueden ser considerados deuda pública.
En consecuencia, el coordinador del grupo legislativo de Acción Nacional, Marcelo García Almaguer, previó que el gobernador José Antonio Gali Fayad aplique su derecho de veto sobre las reformas aprobadas durante la sesión ordinaria de ayer.
“Lo que queremos decir es que la ley federal está por encima de la local. Estamos siendo testigos de cómo las bancadas de Morena, PT y PES van a contravenir una disposición federal. Luego no vengan a decir que por qué hay veto del gobernador”, lanzó desde la tribuna legislativa.
El jefe de la bancada de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, dijo que los contratos de pps y app no pueden ser considerados como una “deuda oculta”, sino, más bien, como “alternativas de financiamiento para los estados”.
Según el legislador local, a la fecha la entidad posee obligaciones financieras por 22 mil 554 millones de pesos por pps que deberán pagarse en un plazo de 25 años. Hasta ahora, precisó, la administración de José Antonio Gali Fayad ha cubierto mil 200 millones de pesos.
“(Para cubrir las obligaciones) se destina menos de 30% del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), y eso sólo queda como garantía para el pago mensual de este esquema de inversión pública. De no ser por este mecanismo, no se tendría dinero para tener proyectos de gran envergadura”, insistió.
MORENA ACUSA DEUDA OCULTA
El bloque de Juntos Haremos Historia, en cambio, defendió la propuesta al señalar que, a la fecha, se desconocen los mecanismos por los cuales la administración de Rafael Moreno Valle contrajo 14 contratos de PPS, como la edificación del Museo Internacional del Barroco, el Centro Integral de Servicios y la plataforma de Audi.
“En Puebla no sólo no tenemos certidumbre en esos contratos, sino que desconocemos, entre otras cosas, las tarifas fijas de contratos, los costos programados o cuotas que el gobierno del estado paga por los PPS, y las responsabilidades de mantenimiento de obras que se hicieron por estos PPS”, alegó la diputada Mónica Lara Chávez, del PES.
A su vez, el coordinador de la fracción del PT, José Juan Espinosa Torres, calculó que, si se sumara la deuda pública del estado más las obligaciones contraídas a través de los PPS, cada poblano debería 12 mil 500 pesos.
“Sí hay hipotecas… o ¿qué, la garantía de pago del Impuesto Sobre la Nómina no es una garantía de pago? ¿Con qué garantizan el pago de Audi, del Museo del Barroco o del CIS? ¡Pues con el dinero de los poblanos! No se quiere reconocer que las finanzas de Puebla están dañadas; por eso no hay policías en los municipios y el estado”, reprochó.
La morenista Olga Lucía Romero Garci-Crespo añadió que la reforma de las leyes no contravenía las disposiciones federales, sino que consistía en una armonización con el marco federal.