El mandatario encabezó la entrega de ambulancias por parte de la secretaría de salud federal; además se dijo a favor de la integración de la policía naval.
Por: Ilse Contreras
El gobernador José Antonio Gali Fayad indicó que respetará el Plan de Seguridad del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y reiteró su apoyo al actuar de las Fuerzas Armadas.
En entrevista, tras encabezar la entrega de ambulancias por parte de la Secretaría de Salud federal a las 32 entidades del país, el mandatario estatal dijo estar a favor de la integración de las policías Naval y Militar a la Guardia Nacional con el propósito de apoyar a la seguridad pública.
Manifestó su respeto al próximo presidente de la República sobre el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y aseguró que tendrá su apoyo en lo que resta de su administración.
Gali Fayad resaltó que si no fuera por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, por la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, la entidad no tendría los avances que se han presentado, sobre todo en el combate al robo de combustible y otros delitos del fuero común.
“Es importante cómo ha funcionado en Puebla la Policía Militar, gracias a ellos, en muchos estados donde sobrepasa la inseguridad y sobre todo la delincuencia organizada, o el robo de combustible como en Puebla, y si no hubiera sido gracias a los militares y a la Marina, difícilmente estaríamos saliendo de eso, por ello estoy de acuerdo”, señaló.
Sin embargo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) invalidó la Ley de Seguridad Interior, aseguró estar preocupado porque no se den las garantías a las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública.
“A mí lo que me preocuparía un poco es lo que tanto impulsamos algunos gobernadores que es la Ley de Seguridad Interior y que se les dé garantía tanto a la Sedena como a la Marina para que realicen sus funciones libremente, que aparte son funciones que no deberían estar haciendo y sin embargo lo hacen en diferentes estados”, refirió.
La invalidación de la Corte se da casi un año después de que el Senado de la República aprobara de manera apresurada dicha ley, que le otorgaba facultades a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, situación que generó protestas por parte de ciudadanos y académicos que rechazaron la militarización del país.