Por: Mario Galeana
El bloque legislativo de Juntos Haremos Historia impuso una reforma para que la empresa Agua de Puebla para Todos posea la facultad de establecer las tarifas por el cobro de servicio, aunque éste deberá realizarse de manera bimestral.
Aunque los representantes de las fracciones de Morena, PT y PES aseguraron que la modificación a la Ley de Agua otorgaría al Congreso local la facultad de avalar la estructura de cobro por esta prestación, esto ya formaba parte de las atribuciones del Poder Legislativo.
Por el contrario, la reforma al artículo 117 de dicha ley —propuesta por el diputado José Juan Espinosa Torres— abrió la puerta para que sea la empresa concesionaria quien tenga la posibilidad de definir el costo del servicio de agua y alcantarillado.
La modificación aprobada ayer con 25 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones señala de manera textual lo siguiente: “Tratándose de concesionarios, las tarifas y cuotas serán propuestas anualmente por el concesionario y aprobadas por el Congreso del Estado”.
Antes de esta reforma, el Consejo Directivo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), presidido por el gobernador en turno, tenía la facultad de proponer al Congreso los costos derivados de esta prestación.
Esta fue la razón por la que el bloque legislativo de Por Puebla al Frente (PAN, PRD, MC, Compromiso Por Puebla y Panal) y el PRI votaron a favor de que el pago por el servicio de agua sea bimestral, pero en contra de que la empresa Agua de Puebla sea la responsable de enviar las tarifas de agua al Congreso para su aprobación.
“En un segundo párrafo propuesto por el diputado José Juan Espinosa se otorga al concesionario la facultad de que determine las tarifas de agua. ¡Eso es terrible! ¡Eso nunca debe suceder! Es el Estado el que debe aprobar estas tarifas”, explicó Rocío García Olmedo, jefa de la bancada priista.
En entrevista, la legisladora local señaló que, antes de la sesión de ayer había presentado un punto de acuerdo para que se solicitara de manera urgente al Consejo Directivo del Soapap una reunión para revisar la estructura tarifaria.
“Ellos son los que tenían esa facultad, cosa que no han hecho desde que se aprobó la concesión, es decir, desde hace cerca de cinco años. Yo lo que proponía era que ellos lo revisaran y, con base en la economía actual, enviaran una nueva estructura tarifaria al Congreso”, insistió.
A la crítica se sumó el diputado Jonathan Collantes (Panal), quien advirtió que la reforma impuesta por Morena y sus aliados permitiría a los concesionarios incrementar “sin ningún límite” el costo del servicio. En consecuencia, señaló que el dictamen podría ser regresado con observaciones por el gobernador José Antonio Gali Fayad.