La economía local también podría verse afectada, pues el CCE alertó sobre la pérdida de inversiones extranjeras debido a la incertidumbre política en la entidad.
Por: Guadalupe Juárez
Puebla quedó paralizada después del 1 de julio. El conflicto poselectoral ha traspasado todos los órdenes de gobierno en la entidad sin que las administraciones municipales, el Congreso local o la gestión estatal avancen en sus respectivos proyectos.
La parálisis ha llegado a tal grado que los ayuntamientos, frente a la ola de violencia registrada en sus demarcaciones, acusaron que se trata de una conspiración política, mientras que en el Congreso local las bancadas de todas las fuerzas políticas mantienen una confrontación entre sí y contra la administración estatal, lo que no les ha permitido sacar adelante la agenda legislativa.
El gobierno estatal también ha sido afectado por el revanchismo orquestado por la bancada de Juntos Haremos Historia en el Legislativo, encabezada por José Juan Espinosa Torres, la cual incluso permitió que se armen a ciegas los paquetes económicos del estado para el próximo año.
El conflicto protagonizado por Morena y Partido Acción Nacional (PAN) –que se disputan la gubernatura en tribunales federales– también llegó al Cabildo de la capital, que a su vez mantiene una confrontación directa con la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, a quien ni sus compañeros de partido respaldan.
Por si fuera poco, la economía local también podría verse afectada, pues el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) alertó sobre la pérdida de inversiones extranjeras debido a la incertidumbre al no conocer quién será el gobernador.
REBASA INSEGURIDAD A EDILES DE LA ZONA METROPOLITANA
En el caso de los asesinatos por robos a mano armada, ajustes entre bandas relacionadas con el crimen organizado y el hallazgo de cadáveres en los municipios de la zona conurbada, los ediles –en su mayoría pertenecientes a la coalición Juntos Haremos Historia (JHH)– fueron rebasados.
Con ello les han llovido críticas de diversos sectores por sus respuestas lentas y la falta de estrategias para contrarrestar la inseguridad.
Por lo anterior, los munícipes –entre ellos Karina Pérez Popoca, de San Andrés Cholula; Luis Alberto Arriaga Lila, de San Pedro Cholula, y Norma Layón, de San Martín Texmelucan– justificaron la violencia en sus demarcaciones como parte de una estrategia de sus opositores para tacharlos de inexpertos y poco eficaces para mantener sus municipios seguros.
En el caso de Pérez Popoca, arguyó que las denuncias de bandas de centroamericanos que atracan en la Vía Atlixcáyotl era una estrategia del PAN, mientras que la edil de San Martín también culpó a sus detractores de los casos de violencia extrema, donde se han registrado ajustes de cuentas entre las bandas del crimen organizado que operan en la zona.
Aunque la alcaldesa de la capital, Claudia Rivera Vivanco, no ha expresado lo mismo, ha sido criticada por enterarse de sucesos violentos a través de medios de comunicación y no de su equipo de trabajo, por lo que fue calificada de inexperta.
A pesar de compartir diversos problemas en inseguridad, los presidentes municipales impulsados por la coalición Morena-PES-PT decidieron signar un convenio sólo entre ediles de la misma fuerza política –reveló Rivera Vivanco– sin invitar a otras demarcaciones gobernadas por partidos distintos, como Atlixco o Tepeaca.
CONGRESO, SIN RESULTADOS
Las diferencias más agudas suceden entre los diputados locales. De manera directa, entre las bancadas que conforman las alianzas Por Puebla al Frente, la misma que impulsó a Martha Erika Alonso Hidalgo, y la de Juntos Haremos Historia, con la que contendió Luis Miguel Barbosa Huerta para la gubernatura.
El choque se ha dado principalmente por lo que se ha calificado como un agandalle del presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres –según lo señalado por otras fuerzas políticas, incluido el Partido Revolucionario Institucional (PRI)–, al censurar las participaciones de los legisladores en tribuna, descalificar a sus compañeros e incluso fue acusado de ser misógino con las diputadas de la oposición.
Lo anterior le valió ser denunciado dos veces ante la Fiscalía General del Estado (FGE), una por supuesto enriquecimiento ilícito y otra por lesiones, tras una trifulca que protagonizó con el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Morales.
A ello se suma que varias reformas propuestas por la mayoría legislativa tengan observaciones del gobierno del estado, lo cual ha impedido que se apliquen debido a errores y señalamientos de que se contraponen a otras leyes o a la Constitución Política de Puebla.
Con lo anterior no han podido echar atrás leyes aprobadas durante la administración de Rafael Moreno Valle, agenda que los diputados lopezobradoristas vendieron como promesas de campaña. Incluso, quedaron atrás temas que habían impulsado, como la despenalización del aborto.
Al no poder avanzar, también bloquearon las propuestas de las demás bancadas. El tricolor, en voz de su coordinadora, Rocío García Olmedo, denunció que no han aprobado ninguna de sus propuestas; mismo señalamiento hecho por el jefe de la fracción panista, Marcelo García Almaguer.
Como respuesta, la bancada de JHH mantiene una actitud de cerrazón contra el gobernador José Antonio Gali Fayad, que ocasionó que no dialoguen sobre las observaciones a las reformas propuestas, como la conocida Ley bala, o la Ley Orgánica de la FGE.
La falta de comunicación entre ambos poderes también impidió que coincidieran en retrasar la elaboración del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 2019.
El gobierno estatal propuso que en lugar de mandar su propuesta el pasado 15 de noviembre se hiciera hasta diciembre, después de la toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de conocer los cambios que realice en las partidas federales, de las cuales depende la entidad.
Sin embargo, el Congreso
desechó la propuesta y llevan a cabo una revisión a ciegas, sin conocer el presupuesto federal que asignará el próximo gobierno.
POLARIZACIÓN ALCANZA CABILDO POBLANO
El 23 de noviembre, el regidor morenista Roberto Eli Esponda –quien fue señalado por golpear al titular de la Fepade en Puebla en la trifulca del pasado 3 de julio en el hotel MM, cuando morenistas irrumpieron en el lugar– retó a golpes al panista Enrique Guevara Montiel.
Lo anterior, después de una discusión de 84 plazas en el Ayuntamiento asignadas por la administración encabezada por Luis Banck Serrato.
Pero las críticas no se limitan al gobierno municipal anterior, también se ha extendido a la alcadesa Rivera Vivanco. El morenista José Luis González Acosta criticó la inacción de su administración ante el problema del ambulantaje en el Centro Histórico.
Sin embargo, otros aliados, como el petista Espinosa Torres también lanzan constantes críticas a la presidenta municipal.
En este caso, debido la disposición de la alcaldesa de sentarse a dialogar con el jefe del Ejecutivo estatal, a pesar del conflicto electoral, ya que la dirigencia de Morena prohibió las reuniones con Gali Fayad hasta que no se resuelva el proceso de impugnación de la elección a gobernador en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
CONFLICTO REPELE A INVERSIONISTAS
El presidente del CCE, Carlos Montiel Solana, afirmó que el conflicto poselectoral afectó la economía estatal.
Ello, debido a que cuatro empresas extranjeras del sector industrial decidieron no invertir en el estado: dos de ellas se instalarían en el estado y las otras dos planeaban ampliar sus actividades, pero, ante la incertidumbre, frenaron sus planes, lo cual ocasionaría la pérdida de empleos y el crecimiento económico estatal.
De esta forma, Puebla ha quedado inmovilizada ante los problemas generados después de que la ciudadanía acudiera a las urnas.