Ante la cascada de preguntas de los morenistas, el funcionario estatal respondió que la mayoría lograda por la coalición Juntos Haremos Historia es el reflejo de la imparcialidad con que actuó el gobierno.
Por: Mario Galeana
La sombra de la posible anulación de la elección cubre la glosa por el último informe de José Antonio Gali Fayad.
Los primeros en comparecer ante un Congreso local dominado por Morena y sus aliados fueron los titulares de las secretarías General de Gobierno (SGG) y Seguridad Pública (SSP), Diódoro Carrasco Altamirano y Jesús Morales Rodríguez, respectivamente.
El primero no tardó en deslindar al gobernador de Puebla de cualquier incidente registrado durante y después de la elección, y aseguró que Gali Fayad actuó de manera “neutral” en los comicios.
La declaración cobra fuerza si se considera que, días atrás, la bancada del PT acusó al titular de la SGG de ser uno de los artífices del supuesto fraude electoral que posibilitó el ascenso de Martha Erika Alonso Hidalgo, hoy trémulo ante el proyecto de resolución que el magistrado José Luis Vargas Valdez presentará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en próximos días y que plantea la nulidad de la elección.
Carrasco, bombardeado de preguntas por la bancada de Juntos Haremos Historia, deslizó que la mayoría absoluta conseguida por Morena y sus aliados es reflejo de la imparcialidad con la que, asegura, actuó la administración del gobernador de Puebla.
El secretario de Seguridad Pública también tuvo que hacer frente a los cuestionamientos de los legisladores locales, en específico de José Juan Espinosa Torres, quien le exigió informar qué hizo la Policía Estatal mientras se cometieron robos en más de 50 casillas el día de la elección del 1 de julio.
“Yo le pregunto: ¿por qué cruzó los brazos ante el robo de urnas a plena luz del día, a manos de sujetos que portaban armas largas? ¿Por qué a unos cuantos metros veíamos a las patrullas de policías sin hacer nada?”, insistió el presidente de la Mesa Directiva.
Morales Rodríguez dijo que la seguridad del día de la elección recayó en las autoridades municipales, puesto que la SSP recibió funciones específicas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellas la seguridad de cientos de candidatos.
“Nosotros cubrimos a los candidatos de todos los partidos; sólo en seguridad personal desplegamos más de 150 elementos para que los candidatos llegaran sanos y salvos. Donde nos pidió el INE que estuviéramos, ahí estuvimos. Las llamadas del 911 fueron atendidas por policías municipales. Todo está en nuestra bitácora, aquí nada se esconde”, reviró.
DEFIENDEN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
En la larga comparecencia que inició a las 11 horas y se extendió hasta pasadas las 15 horas, el titular de la SGG plantó cara a los señalamientos de Juntos Haremos Historia y defendió la estrategia de seguridad empleada por Gali Fayad durante sus casi dos años de mandato.
Atribuyó la escala de homicidios en el estado a la dinámica nacional, que sentó al año actual y a 2017 como los más violentos en la historia del país.
“Puebla no es una ínsula, por lo que no podemos escapar de la circunstancia nacional. Las particularidades del estado y su ubicación estratégica, como el ser un territorio por donde transita una de las mayores redes de hidrocarburos, son factores adicionales que implican un proceso de atracción de la delincuencia organizada”, reconoció Carrasco Altamirano.
El secretario estatal identificó la presencia de un cártel del crimen organizado y el intento de otro por asentarse en el estado. El primero, dijo, opera desde Tehuacán hasta Amozoc, y es liderado por el ya conocido líder criminal El Bukanas, uno de los principales objetivos de la Secretaría de la Marina.
El segundo, especificó, es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha tratado de “insertarse” en el cinturón de robo de combustible del estado, donde se han asociado con grupos delincuenciales locales.
En la radiografía delictiva delineada por Carrasco Altamirano ante los congresistas locales, se expuso que 21 municipios concentran 80% de los delitos que se cometen en todo el estado.
Esto abrió la puerta para que la jefa de la bancada del PRI, Rocío García Olmedo, cuestionara los motivos por los que Gali Fayad acordó tomar el mando de la seguridad pública de ciertos municipios, entre ellos San Martín Texmelucan, Ciudad Serdán y Tehuacán, todos ellos gobernados por fuerzas políticas distintas al PAN.
Sin embargo, Carrasco Altamirano descartó cualquier sesgo partidista en la toma de mando efectuada por el gobernador, que fundamentó en “los altísimos niveles de violencia e inseguridad” presentada en los municipios por la presencia de grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.
“Intervenimos por el exceso de violencia que se estaba generando”, completó el titular de la SSP. “De estas intervenciones, 17 policías de Ciudad Serdán fueron puestos a disposición del Ministerio Público, 21 en Tehuacán y 214 en San Martín Texmelucan”.
DESCONOCEN EQUIPO DE ESPIONAJE
La diputada Mónica Lara Chávez, del PES, increpó insistentemente a Carrasco Altamirano por la supuesta existencia de un equipo de software valuado en 322 millones de pesos que —según ella— habría sido utilizado para espiar a políticos opositores, activistas y periodistas.
La legisladora local dijo que las acusaciones —que incluso motivaron denuncias ante la PGR— se extendían desde el mandato de Rafael Moreno Valle, antecesor de Gali Fayad.
Pero, una y otra vez, el titular de la SGG desconoció tanto la compra como la presunta operación de este equipo tecnológico.
“Me pregunta dónde está el software Galileo; yo le respondo que no lo sé: no sé quién lo compró, no sé dónde está, no es mi responsabilidad”, contestó.
“La única secretaría del gobierno que tiene facultades para construir un sistema de información que contribuya en las tareas preventivas en materia de gobernabilidad es la SGG, y en la SGG no tenemos más que un CIS, un Centro de Información y Servicios donde hacemos un mecanismo de recopilación e información sobre temas que tengan que ver con ingobernabilidad; no precisamente con personas, salvo que estas estén en intenciones de atentar contra la seguridad pública”, agregó.
