El secretario estatal prometió que enviará por escrito las cifras a las que ascienden los fideicomisos de los contratos de construcción del MIB y del CIS.
Por: Mario Galeana
La comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Enrique Robledo Rubio, se entrampó entre acusaciones de opacidad, descalificaciones verbales y promesas de informe por escrito.
A lo largo de cuatro horas, el secretario estatal desarmó el estruendoso juicio al que Juntos Haremos Historia pretendía someterlo, y se reservó el monto total al que ascienden los compromisos financieros contraídos por el estado a través de los esquemas de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP).
Lo hizo con la promesa de que en los siguientes días enviaría de manera escrita el monto al que ascienden, entre otros, los fideicomisos de los contratos de construcción del Museo Internacional del Barroco (MIB), la plataforma Audi y el Centro Integral de Servicios (CIS).
La bancada de Morena y sus aliados trató, una y otra vez, de que Robledo Rubio declarara de manera pública la suma de todos estos contratos, catalogados por ellos mismos como una “deuda oculta”.
Primero, la morenista Olga Lucía Romero Garci-Crespo le pidió detallar cuánto se destinaba anualmente para el pago de los “casi” 30 fideicomisos. El titular de la SFA aclaró que existían 27 y que sólo podría responder por siete -públicos, según él, en el portal de transparencia del gobierno-, pues el resto estaba vinculado a otras dependencias. Entre estos siete, dijo, se encuentra la construcción de la plataforma de AUDI, para la que se autorizaron 735 millones de pago para el fideicomiso a lo largo de este año.
Luego, el petista José Juan Espinosa Torres tomó la tribuna para decirle que no existía ningún vínculo de Internet que condujera a la información de dichos fideicomisos: “Le pido que se conduzca con la verdad, y si tiene usted las ligas donde podemos consultarlos, pues hágalas públicas, porque hemos hecho un gran esfuerzo para tener acceso a estos convenios, y al día de hoy no se ha logrado”.
Ya en la recta final de la comparecencia, el morenista Héctor Alonso Granados interpeló a gritos al secretario estatal, al decirle que estaba “reprobado” por no presentar la lista de los “300 fideicomisos (Sic) que están sangrando al estado”.
Con una calma que guardó a lo largo de las cuatro horas de preguntas, Robledo Rubio aceptó -sin ningún pesar- su calificación reprobatoria: “No es porque huya o quiera mentir. Se les ha dicho que está en la página; si me va a reprobar, pues bienvenido: estoy reprobado”.
VE ROBLEDO INVIABLE REDUCCIÓN DEL ISN
La bancada de Juntos Haremos Historia aprovechó la comparecencia para sacar a relucir uno de los compromisos de campaña de Gali: la reducción de 3% a 2% del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).
Robledo Rubio dijo que, a su parecer, la reducción del ISN provocaría un desfalco de cinco mil millones de pesos en las arcas estatales. Y, en ese sentido, dijo que el mandatario había cumplido con su promesa de campaña al devolver el pago de este impuesto a los empresarios que estuvieran al día con sus obligaciones fiscales.
Pero Espinosa Torres contraatacó: “Es muy claro que Gali no cumplió uno de sus compromisos. De más de cuatro mil 200 millones de pesos recaudados por el ISN en el mandato de Gali, la Secretaría de Finanzas sólo ha reembolsado no más de 143 millones de pesos”.
El titular de la SFA matizó las acusaciones del petista y consideró que se trataba, más bien, de un “contraste de enfoques”.
De paso, Robledo Rubio reprochó a Juntos Haremos Historia no haber aprobado la iniciativa de reforma para aplazar hasta el 18 de diciembre la entrega del Paquete Económico 2019 del gobierno estatal.
JUICIOS POR DESPIDOS LLEGAN CASI A 300 MDP
Por otra parte, el secretario estatal dijo que la administración de Gali Fayad acarrea con 320 juicios laborales de burócratas despedidos que ascienden a los 283 millones 225 mil pesos, suma que incluye salarios caídos desde que terminó la relación laboral y prestaciones.
Los juicios proceden tanto del mandato de Gali como de administraciones pasadas y de secretarías distintas. La SFA, detalló, litiga 215 juicios laborales propios o en los que interviene como demandado, por los que se exige la cantidad de 193 millones de pesos; hay 32 juicios más en donde la SFA representa a otras dependencias, y que significan 27 millones de pesos.
