Por: Ilse Contreras
La queja fue porque los habitantes acusaron que la convocatoria violenta los usos y costumbres de las comunidades indígenas.
Habitantes de La Resurrección impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la convocatoria para la renovación de las 17 juntas auxiliares por violentar los usos y costumbres de las comunidades indígenas.
En rueda de prensa, el comisariado ejidal Francisco Clemente Tlaxca Pérez informó que el 4 de enero la cuarta Sala Regional del TEPJF les admitió el proceso donde exigen que los candidatos postulados sean de origen indígena y no ajenos a la comunidad.
Lo anterior también aplica para las juntas auxiliares de Azumiatla, Santa María Xonacatepec y San Sebastián de Aparicio, en esta última fue aceptado el recurso JDCSCM-001/2019 de María Alba Tezoquipa Lima, aspirante a dicha presidencia, quien también impugnó por el mismo asunto.
Tlaxca Pérez explicó que desde 2011 existe un convenio en el que se establece que en su comunidad sólo votan y son votados los originarios de esa comunidad.
Criticó también que el periodo para el registro de planillas fuera sólo del 5 al 7 de enero, del cual dos días fueron inhábiles, lo cual dificultó la obtención de documentos necesarios para su registro, pues en algunas presidencias auxiliares los entregan hasta dos días hábiles después de su solicitud.
Acusaron exclusión hacia los aspirantes de origen indígena y por ello pidieron que se lleve a cabo un verdadero plebiscito de acuerdo con los usos y costumbres sin permitir la participación de personas ajenas a las comunidades. A su vez, Rafael Cabrera, aspirante a la presidencia auxiliar de La Libertad, acusó al secretario de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, de presuntamente vender candidaturas e imponer a sus abanderados.
“El secretario de Gobernación ya tiene a sus candidatos en las juntas auxiliares indígenas, quiere poner a criollos en todas y eso no lo permiten los compañeros, son los primeros que ya tenían sus documentos, ya tenían preferencias”, aseguró. Bajo estas condiciones, advirtió que de no haber sanciones van a reventar los “conflictos políticos” durante el proceso.
Agregó que otra de las violaciones de la convocatoria ha sido que sólo se dio autorización para realizar campaña durante 10 días, cuando antes eran 90 días con la limitación del uso de medios de comunicación, por lo que esta prohibición imposibilita que los aspirantes puedan darse a conocer.