Por: Ilse Contreras
De los 27 ex sindicalizados que piden su reincorporación, 20 no han querido negociar de forma individual para analizar si tienen derecho o no a volver a trabajar en el Ayuntamiento de Puebla, dio a conocer el síndico municipal, Gonzalo Castillo Pérez.
En entrevista, recordó que hay cinco casos que tenían un procedimiento jurisdiccional, sin embargo, su demanda laboral ya caducó por lo que estos no tendrían posibilidad de regresar a laborar.
“Podrían ampararse, pero no han hecho nada, yo platiqué con una de ellas y le dije que su asunto había estado descuidado por ella y por su abogado, si ellos quieren defender su derecho ahí está el tribunal”, comentó.
Además, expuso que hay dos casos donde recibieron un pago de indemnización por 46 mil y más de 30 mil pesos, sin embargo mantienen su manifestación.
“Estamos en negociaciones, yo intenté hablar con ellos uno por uno, incluso hay videos donde ellos se niegan y quieren hablar en bloque y las cosas no son así, la posición de la presidenta es que se hace de forma pacífica e individual”, precisó.
Castillo Pérez indicó que continuarán con el diálogo para revisar los 20 casos restantes, no obstante, advirtió que el último acercamiento será con la Secretaría de Gobernación municipal, y si aún siguen en plantón tomarán otras medidas, que, dijo, aún no han valorado.
“No hay ninguna denuncia, se tiene que hacer en Fiscalía por invasión del espacio público, nosotros estamos haciendo lo más humano posible para poder llegar a un arreglo, estamos viendo, nos faltan todavía muchos, estamos explicándole a cada uno su situación”, dijo.
La demanda de reinstalación de 27 ex trabajadores del Ayuntamiento, así como la destitución del líder del sindicato, inició en octubre, instalando un plantón en el Zócalo, mismo que retomaron el 4 de enero y a la fecha continúa afuera de Palacio Municipal.
El pasado 24 de enero, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco dialogó con los ex trabajadores y se mantuvo firme al decir que no aceptará ningún chantaje ni petición de prácticas que estén fuera de la ley.