La entidad cuenta con la mejor calificación con 0.40 puntos, seguida de Jalisco con 0.31, México 0.23, Ciudad de México, Nuevo León, Baja California e Hidalgo con 0.16 cada uno.

Por: Guadalupe Juárez

La entidad poblana es la que mejores resultados obtuvo en el país por su plataforma de datos abiertos, al contar con “información relevante y organizada”, de acuerdo con el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas A C (CIDE), denominado Métrica de Gobierno Abierto.

Puebla encabezó la lista de las 32 entidades con la mejor calificación al respecto, con 0.40 puntos, seguida de Jalisco con 0.31, México 0.23, Ciudad de México, Nuevo León, Baja California e Hidalgo con 0.16 cada uno.

De acuerdo con el documento publicado ayer, el estado de Puebla avanzó de manera significativa, pues en 2017 había conseguido una calificación apenas de 0.18.

En el subíndice de participación desde la perspectiva gubernamental, en donde los indicadores a medir están relacionados con la toma de decisiones basada en la información otorgada, Puebla también se colocó en el primer lugar a nivel nacional.

Lo anterior ya que obtuvo un puntaje de 0.32 al contar con un mecanismo de participación ciudadano, o de involucramiento o colaboración ciudadana, así como uno con evidencia de seguimiento.

Sin embargo, en cuanto a la facilidad con la que la ciudadanía recibe la información, Puebla es de los peores del país, ya que al responder una solicitud de información, en ocasiones sus archivos adjuntos son inexistentes o tienen hipervínculos que no funcionan, sumado a que siete sujetos obligados no respondieron a la petición de datos.

En este caso la entidad obtuvo un puntaje de 0.3, la más baja del país, ya que Guanajuato –que ocupó el primer lugar a nivel nacional– obtuvo 0.7, la misma calificación que Ciudad de México, seguidos de Aguascalientes con 0.69.

La entidad también salió evaluada de forma negativa por la poca facilidad con la que las personas pueden encontrar información relevante para su vida cotidiana mediante “métodos comunes de búsqueda”, es decir, por buscador interno en su sitio web y los datos arrojados en Google, por lo que obtuvo una calificación de 0.47, la séptima más baja a nivel nacional.

El estudio tuvo como objetivo monitorear el nivel de apertura institucional de algunos sujetos obligados de la Ley de Transparencia en los tres órdenes de gobierno. Entre estos se incluye el Ejecutivo, Judicial, autónomos, descentralizados, universidades, sindicatos, partidos y fideicomisos.

De manera general hallaron que aunque “cualquier persona” accede a información específica, pues 86% de los que realizan una solicitud les es respondida, aún existen sujetos obligados –como se les conoce a las dependencias gubernamentales, partidos políticos u organismos autónomos– que no responden.

Por ejemplo, en Puebla y Querétaro, 18% de los sujetos obligados analizados no cumplieron con dar respuesta a las peticiones, destaca el estudio.

A esto se suma que la información otorgada es difícil de entender para los ciudadanos, además de que las respuestas han sido “poco oportunas”, pues han sido enviadas hasta después de 30 días naturales, o cuando el sujeto obligado manifiesta haberlas respondido y en realidad se declararon incompetentes para otorgar esa información.