Juan Carlos Flores explicó que es un recurso legal colectivo en el que se señala que la consulta anunciada por Andrés Manuel López Obrador sería ilegal, inconstitucional y violatoria de los derechos de estas comunidades.

Por: Mario Galeana

Un grupo de comunidades indígenas de Puebla, Morelos y Tlaxcala que serían afectadas por el inicio de operaciones del Gasoducto Morelos presentaron un amparo federal en el que solicitan la suspensión definitiva de la consulta pública que el gobierno federal aplicará los días 23 y 24 de febrero para decidir el futuro del proyecto.

El activista Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos de estos tres estados, explicó que se trata de un amparo colectivo en el que se señala que la consulta anunciada por Andrés Manuel López Obrador sería ilegal, inconstitucional y violatoria de los derechos de los pueblos indígenas.

“Lo que pedimos al Poder Judicial de la Federación es que acepte los amparos, que no ocupe recursos dilatorios para dar trámite al recurso y que se otorgue la suspensión de la consulta. Con ello, pedimos la suspensión de todo el Proyecto Integral Morelos (PIM)”, demandó ayer, tras encabezar una protesta en las afueras de los juzgados federales ubicados en Puebla.

Flores Solís dijo que en el amparo solicitan que la consulta pública anunciada por el gobierno federal debe realizarse pueblo por pueblo, de manera que cada comunidad decida sobre su propio territorio.

“Puebla no puede decidir por Huexca (Morelos), y en Puebla cada comunidad debe decidir si se va o se queda el proyecto”, recalcó.

El PIM está compuesto de 160 kilómetros de ducto y una planta termoeléctrica ubicada en Huexca, un poblado de Yecapixtla, en Morelos. Sólo esta central de energía es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que invirtió por lo menos 20 mil millones de pesos para su construcción.

El gasoducto recorre 15 municipios de Puebla, nueve de Tlaxcala y cuatro de Morelos.

Durante la protesta, el activista Jaime Domínguez Pérez, ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo” 2016, acusó que la consulta anunciada por el presidente es una simulación porque el gobierno sería juez y parte.

“Si Andrés Manuel López Obrador dice que es negro, la gente dice que es negro. Esta es una consulta de opinión para gente que simpatiza con él; es desigual porque hay trabajadores del gobierno diciendo casa por casa que el proyecto no es malo”, denunció.

 

PREPARA GOBIERNO INSTALACIÓN DE CASILLAS

Mientras tanto, la Federación anunció que en Puebla instalará 45 casillas a lo largo de los 15 municipios del estado que se verían afectados por el PIM.

Mediante un comunicado, la administración de López Obrador anunció que en cada uno de los municipios se instalarán tres casillas.

Sin embargo, Flores Solís dijo que los lugares de votación se encuentran mayoritariamente en las cabeceras distritales de los municipios, donde no pasará el gasoducto.

“La consulta no será en las localidades afectadas, sino en las cabeceras municipales y uno que otro pueblo. Además, si una persona de Sonora está por ahí esos días, ¡puede votar! Por eso decimos que la consulta es inconstitucional”, subrayó.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), órgano que ha denunciado las irregularidades cometidas por los gobiernos federales anteriores durante la construcción del PIM, la obra afectaría a 19 localidades indígenas habitadas por 29 mil 315 personas.