Por: Guadalupe Juárez
Las condiciones laborales de los conductores, la situación económica de los usuarios y el origen, así como el destino de las rutas son algunos de los aspectos que debe de tomar en cuenta el gobierno estatal para decidir si se debe o no incrementar la tarifa del transporte público.
En conferencia de prensa, organizaciones como Puebla Vigila, el Colectivo A Pata, Puebla Antigua, el Colegio de Urbanistas y Diseñadores Ambientales del estado de Puebla AC, el Consejo Ciudadano de Movilidad de Puebla, Cholula en Bici, entre otros, pidieron al gobernador Guillermo Pacheco Pulido que los incluya en las mesas de diálogo con los transportistas para encontrar en conjunto una solución que no sólo satisfaga las necesidades de los concesionarios, sino de los usuarios.
Lo anterior, pues dijeron que no existe un estudio en forma que explique más detalles sobre el servicio del transporte, al menos en la zona metropolitana, debido a que hay rutas que repiten recorridos y en otros casos una concentra el traslado de una sola zona, lo cual dificulta la movilidad de los usuarios y se crea una especie de monopolio.
Es el caso de las colonias al norte de la ciudad, donde al depender de una ruta, quedan incomunicadas si éstas no prestan el servicio.
A diferencia, por ejemplo, del Centro Histórico, donde 80% de las rutas cruzan los primeros cuadros de la ciudad, no obstante, alertaron que en este caso no existen estudios del impacto en la infraestructura que ha tenido dicho polígono con el paso de las unidades.
Por lo anterior, consideraron que pese al incremento en el ocosto del combustible y de las refacciones por parte de los concesionarios, es insuficiente para justificar un aumento, cuando no se han considerado varios aspectos.
Entre las cosas a considerar resaltaron que es importante que tomen en cuenta las condiciones de las calles por donde transitan los vehículos, hasta la calidad del aire, el consumo de combustible por determinado derrotero, la situación económica de los usuarios, por lo cual cualquier incremento –reiteraron– es injustificable.
También solicitaron que se transparente el sondeo anunciado por la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte que dijo llevar a cabo, pues se desconoce dónde se ha aplicado, cuál es la muestra y la metodología de la encuesta, además de justificar por qué eligieron ciertos puntos para realizarla.
Los especialistas en movilidad insistieron en que es necesaria la elaboración de un diagnóstico serio por parte de las autoridades, ya que hay estudios con costos muy altos que no pueden realizar organizaciones civiles como ellos.