Ahora se consideran actos de violencia laboral la reducción del salario, la discriminación ocupacional y la negativa de volver al trabajo tras solicitar incapacidad por maternidad.

Por: Mario Galeana

La exclusión para acceder a puestos directivos y el impedimento para regresar al trabajo después del embarazo ya son considerados actos de violencia laboral en contra de la mujer.

Ayer, el Poder Legislativo aprobó por unanimidad una modificación al artículo 14 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla que consiste en agregar otras acciones que constituirían la privación del disfrute de derechos laborales de las féminas.

Entre estos, la reducción o privación del salario, la discriminación ocupacional, el impedimento de ocupar posiciones directivas y, sobre todo, la negativa de volver al trabajo tras solicitar incapacidad por maternidad.

Durante la discusión del dictamen, que fue aprobado por 41 votos a favor, la diputada sin partido, María del Carmen Saavedra, proponente de la iniciativa, recalcó que en México tres de cada 10 mujeres han sufrido violencia laboral, según el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

“Ejerciéndose en la mayoría de los casos por sus compañeros y jefes. El 79.1% de las agresiones ocurre en las instalaciones de trabajo y 11.5% en las calles o en un lugar público cercano al centro laboral”, subrayó.

En tanto, la legisladora morenista Vianey García Romero consideró que la reforma era necesaria en un Congreso local en donde se refleja una mayor participación de las mujeres.

“Es importante que se nos deje de discriminar o de dar menos por ser mujeres, como es importante también que se nos deje de hacer a un lado o se nos prohíba aspirar a espacios de dirigencia”, señaló.

SUPERVISARÁN PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

En otro tema, los 41 diputados locales avalaron por unanimidad distintos cambios en los artículos 12, 18, 20 y 21 de la Ley de Planeación para el Desarrollo, con el propósito de que todas las evaluaciones de los programas y acciones del gobierno se realicen con perspectiva de género.

El fin, de acuerdo con la priista Rocío García Olmedo, promotora de la iniciativa, es “visibilizar el gasto realizado específicamente para la promoción, garantía, respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres”.

Con las modificaciones a la ley, todos los mecanismos de evaluaciones de programas deberán generar una estadística sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y la reducción de las brechas de género.