Por: Mario Galeana

El Congreso de Puebla inició una serie de reuniones entre representantes del gobierno y organizaciones civiles para la redacción de una nueva Ley del Agua para el estado en donde se prohíba la concesión del servicio.

Al primer foro, que fue organizado ayer por la diputada Nora Merino Escamilla, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, acudieron representantes de la Asamblea Social del Agua, de los ayuntamientos y de los sistemas operadores de agua potable y alcantarillado de la zona metropolitana, y de la empresa Agua de Puebla para Todos, que posee la concesión de este servicio.

“Este foro es para sacar propuestas que se plantearán en la mesa de la Comisión, tal y como prometimos en campaña, para echar abajo el tema de la privatización. Hoy la defensa del agua entra en una tarea jurídica, legislativa y municipalista”, señaló Merino Escamilla.

La regidora Rosa Márquez Cabrera, representante del gobierno de la capital, explicó que una de las condiciones por las cuales se concesionó el servicio de agua potable en la zona metropolitana fue el compromiso de que la empresa Agua de Puebla para Todos invirtiera tres mil millones de pesos en modernizar la infraestructura hidráulica, lo cual no se cumplió.

Esto, recalcó, puede ser una de las justificaciones por las cuales se cancele el convenio obtenido por la empresa para otorgar este servicio.

“La justificación es que se vendrían grandes inversiones, que se iba a sanear el agua y a ampliar la red, además de que los costos iban a bajar. Eso, como ustedes saben, no ha pasado”, señaló.

A mediados de febrero, la presidenta municipal Claudia Rivera presentó ante el Cabildo de Puebla una iniciativa para que los funcionarios y regidores de la capital formen parte de la composición del Consejo Directivo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).

En el Congreso local hay al menos dos iniciativas más referentes al tema. La primera fue presentada de manera conjunta por el PRI y PT y pretende que el concesionario establezca las tarifas de cobro de agua, siempre que éstas sean ratificadas por el Congreso local. Sin embargo, esta fue vetada por el exgobernador José Antonio Gali Fayad.

La segunda fue promovida por la fracción del PT y especifica que el agua debe tener un carácter “gratuito”, lo que, de facto, implicaría el cese del convenio firmado entre el gobierno del estado y la empresa Agua de Puebla para Todos.