Se habría declarado culpable por posesión de armas y no por vínculos con el “huachicol”
Staff 24 Horas Puebla
El empresario Othón Muñoz Bravo habría negociado con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) una sentencia de tres años y diez meses de prisión, además de una sanción de 6 mil 416 pesos y otros beneficios legales, para no pasar a un centro penitenciario.
De acuerdo con una publicación de Grupo Reforma, el empresario gasolinero –detenido en agosto de 2017 al ser señalado por sus supuestos vínculos con la compra-venta de hidrocarburo robado– se habría declarado culpable por la posesión de armas y no por formar parte o encabezar una banda de “huachicoleros”.
Según el rotativo de circulación nacional, Muñoz Bravo habría pactado con la PGR un procedimiento abreviado y declararse culpable de las armas confiscadas, a cambio de una pena mínima. De ahí que un juez de Control federal lo sentenciara por portación y posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.
Apodado como “El Cachetes”, fue detenido durante un operativo en coordinación con la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), luego de cateos efectuados en varios domicilios de Puebla, Cholula y Atlixco el 20 de agosto de 2017. La Fiscalía General del Estado (FGE) logró vincularlo a proceso.
Al momento de su captura, le fueron incautados dos rifles R-15 y uno AK-47, dos pistolas 9 milímetros y seis vehículos blindados, así como metanfetaminas, cocaína, marihuana y cristal; dos gasolineras de su propiedad fueron clausuradas.
Preso en un principio en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Pedro Cholula, fue trasladado al de Tepexi de Rodríguez, considerado de mediana seguridad.
Como empresario gasolinero, “El Cachetes” habría formado una sociedad con el ministro Carlos Loranca Muñoz, mediante la cual establecieron una estación de servicio frente a una institución educativa en el municipio de Acajete.
A finales de octubre de 2017, Muñoz Bravo obtuvo su libertad después de pagar 1 millón de pesos como garantía económica. Un juez del Tribunal Superior de Justicia consideró que los delitos imputados no eran considerados como graves.