De acuerdo con un informe del Igavim, en 2015 los chupaductos dejaron más daños a la infraestructura de la petrolera, ya que cada toma representó un perjuicio de un millón 533 mil pesos.
Por: Guadalupe Juárez
En los últimos seis años las tomas clandestinas en la entidad causadas por los huachicoleros provocaron un quebranto económico a Petróleos Mexicanos (Pemex) de dos mil 382 millones 571 mil 111 pesos, siete veces más de lo que costará al INE la organización de la elección extraordinaria a gobernador.
De acuerdo con un informe del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), publicado esta semana, el año en el que los chupaductos dejaron más daños a la infraestructura fue en 2015, cuando por cada toma hubo una pérdida de un millón 533 mil pesos.
En dicho lapso, en el estado fueron registradas 815 tomas ilegales y hubo un quebranto de mil 456 millones 686 mil 370 pesos, la cifra más alta entre 2012 y 2018.
Así, la entidad se colocó en el primer lugar a nivel nacional. En ese periodo, en el país se registraron afectaciones causadas por los chupaductos en 20 entidades, y las pérdidas fueron de tres mil millones 841 millones 567 mil 704 pesos.
La segunda suma más grande en afectaciones en Puebla se presentó el año pasado con 390 millones 41 mil 199 pesos, aunque la cantidad es menor a las pérdidas sufridas en 2015, pero con mayor cantidad de tomas clandestinas de los últimos seis años, con dos mil 72 casos.
Por lo anterior, en 2018 la entidad se convirtió en la segunda con mayor quebranto, superada sólo por Hidalgo, que alcanzó los mil 128 millones 828 mil 962 pesos. En el país, los daños ascendieron a dos mil 151 millones 187 mil 440 pesos por las tomas clandestinas concentradas en 16 estados.
El año 2014 fue el tercer periodo cuando los ladrones de combustible afectaron más la infraestructura de Pemex en Puebla, al dejar daños por 175 millones 152 mil 536 pesos. Esta suma colocó al estado en el lugar nueve a nivel nacional, sólo superado por Sinaloa, Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo, Nuevo León, Coahuila y Baja California.
LAS PRIMERAS PÉRDIDAS
Durante 2012, en la entidad el quebranto a Pemex alcanzó la cifra de un millón 60 mil 757 pesos. En ese lapso se detectaron 110 tomas clandestinas, por lo cual se calcula que cada una hizo perder a la petrolera nueve mil 643 pesos.
A nivel nacional, las pérdidas alcanzaron los dos mil 159 millones 45 mil 310 pesos por las perforaciones ilegales concentradas en 18 estados, de los cuales Puebla se posicionó en el lugar 13. El primero lo ocupó Nuevo León, en el que se perdieron mil 287 millones 45 mil 25 pesos.
Al año siguiente las tomas clandestinas aumentaron a 211 casos y por ello el daño en Puebla se elevó a 42 millones 806 mil 260 pesos, un estimado de 202 mil 873 pesos por cada perforación a los ductos.
De esta forma, Puebla ocupó el lugar nueve en el país, superada por entidades como Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México, Baja California y Coahuila, los cuales registraron en total pérdidas por dos mil 627 millones 38 mil 946 pesos.
Para 2016 las perforaciones ilegales registradas en el estado llegaron a mil 533, lo que para Pemex significó un quebranto económico de 172 millones 224 mil 239 pesos; en promedio, 112 mil 344 pesos. A nivel nacional el daño fue de mil 571 millones 875 mil 368 pesos.
En 2017 fueron detectadas mil 437 tomas clandestinas en la entidad, ello significó pérdidas para la petrolera mexicana de 144 millones 599 mil 750 pesos. Es decir, en promedio, por cada toma clandestina, los huachicoleros provocaron que se perdieran hasta 100 mil 626 pesos. En el país, el quebranto total fue de mil 214 millones 476 mil 213 pesos.
Según el documento –que contiene datos del departamento jurídico de la empresa petrolera– el estimado del daño se realiza a través de un dictamen en el que se toma en cuenta la maquinaria empleada y el costo para “clausurar” las perforaciones ilegales.
En entrevista con 24 Horas Puebla, el director del Igavim, Juan José Hernández López, explicó que las diferencias entre un año y otro se deben a que, en ocasiones, la clausura –que no significa la reparación total del ducto– se realiza en varias partes de la infraestructura dañada por una sola toma clandestina, por lo que dependiendo de la afectación es el quebranto registrado.
