El documento, elaborado por el CCSPJP, analizó 234 municipalidades en todo el país donde habita 66% de la población.

Por: Guadalupe Juárez

Tehuacán, Cuautlancingo, San Andrés Cholula y Amozoc –todos gobernados por Morena– superan los niveles de violencia nacional, de acuerdo con el estudio “La Violencia en los Municipios de México 2018”.

El documento, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), analizó 234 municipios en todo el país donde habita 66% de la población y ocurre 82% de delitos como homicidio doloso, secuestro, violación, lesiones dolosas, robo con violencia y extorsión.

En el ranking se incluyeron 10 municipios poblanos, de los cuales sólo cuatro se encuentran entre los 100 más violentos de México.

Tehuacán es el que mayor violencia registró al colocarse en el sitio 88 a nivel nacional, mientras que Cuautlancingo se posicionó en el 91. En tanto, San Andrés Cholula ocupó el lugar 96 y en el 99 se situó Amozoc.

En la medición se mantienen alejados Atlixco, el cual quedó con el lugar 113 del listado, San Martín Texmelucan –donde el año pasado se descubrió que había grupos del crimen organizado infiltrados en las fuerzas de seguridad– ocupó el lugar 115.

Huauchinango, una de las bases donde se asentará la Guardia Nacional, ocupa el lugar 119.  En tanto, la capital poblana, que ha sido golpeada por la migración de bandas dedicadas al robo de combustible y gas LP, se posicionó en el lugar 126 de la lista.

Teziutlán, donde se disparó el nivel de los secuestros, quedó posicionado en la medición en el sitio 138, mientras que el más lejano de los municipios poblanos analizados fue San Pedro Cholula, el cual se colocó en el lugar 178.

EL TOP DE LA LISTA NEGRA

Los primeros lugares fueron ocupados por los municipios de Tecomán y Manzanillo, en Colima; Tijuana, Baja California, así como Salamanca y Salvatierra, Guanajuato.

En el estudio publicado, el CCSPJP criticó que el actual gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, mantenga la misma política de subsidios a municipios para “reducir la violencia”, pues consideraron que serán entregados de manera masiva e indiscriminada.

Incluso cuestionó que los apoyos entregados a las demarcaciones donde operan los huachicoleros, sean similares a las de otras zonas marginadas, por lo cual consideran que no lograrán reducir los delitos en general ni la violencia.

Por ello, insistió en que para que la estrategia de seguridad a emplear surta efecto, es necesario el abatimiento de los delitos, la completa desarticulación de las estructuras de los grupos criminales y una fuerza policial eficaz en sus tareas de vigilancia, disuasión y reacción inmediata ante ilícitos en progreso o recién cometidos.