El episodio legal más reciente ocurrió en febrero de este año cuando un grupo de pobladores de Huitzilan, en Zoquitlán, promovieron un amparo que les fue otorgado
Por: Mario Galeana
La construcción de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzala, planeada en la Sierra Negra, se encuentra detenida cuando menos desde hace dos años, por la reticencia de las comunidades indígenas de ser consultadas y a una compleja maraña de amparos.
El episodio legal más reciente ocurrió en febrero de este año cuando asesorados por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), un grupo de pobladores de la comunidad de Huitzilan, en Zoquitlán, promovieron un amparo que les fue cedido ese mes.
Aunque podría pensarse que se trató de una victoria para el movimiento de resistencia, en realidad, el amparo otorga una oportunidad para que Minera Autlán imponga la construcción de la hidroeléctrica por la cual inició trabajos de prospección desde 2012.
En el amparo 2274/2017, la magistrada María Leonor Pacheco Figueroa, titular del Juzgado Tercero de Distrito, ordenó la cancelación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a la empresa para iniciar la construcción, bajo el alegato de que las comunidades no habían sido consultadas.
Sin embargo, en su resolución determinó que, si Minera Autlán promueve una vez más el MIA, la consulta a las comunidades afectadas será obligatoria.
Así, el amparo de Huitzilan –comunidad que, de acuerdo con el proyecto de la obra, no tiene una incidencia mayor la zona que será intervenida– amarró a las comunidades a un procedimiento que la empresa ha impulsado desde 2016.
“La concesión para las hidroeléctricas es por 30 años. Minera Autlán puede esperar cinco o 10 años para promover de nuevo una Manifestación de Impacto Ambiental, que es un trámite administrativo menor para ellos. El amparo terminó con viniéndoles porque nos forzaría a llevarnos a la consulta”, manifestó un opositor a la obra bajo la condición de anonimato.
Las comunidades que sí se verán afectadas con la obra –como Coyolapa, en Zoquitlán, y el municipio de Tlacotepec– han manifestado que la realización de la consulta es inviable por la conflictividad social que generaría.
Como muestra de esta inviabilidad, mencionan el intento de homicidio que Salvador Sánchez Bolaños, activista en la estación comunitaria Radio Tlacuache, sufrió la noche del sábado 18 de mayo, cuando se percató que cuatro sujetos armados intentaron ingresar a su domicilio.
También se enlistan las amenazas de muerte que, a través de distintas vías, han recibido dos opositores a la obra: Martín Barrios y Omar Esparza, representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán y del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).
Además de la desaparición forzada de Sergio Rivera Hernández, líder indígena de la región, acontecida el 23 de agosto del año pasado.