María Candelaria Ochoa Ávalos, comisionada de la Conavim, destacó el compromiso y actitud del gobierno estatal para cumplir con las 45 medidas y 149 acciones tras la declaratoria de la AVGM
Por: Redacción
La comisionada de Conavim, María Candelaria Ochoa Ávalos, confió en que Puebla dará muestra de que puede erradicarse la violencia de género a través de un trabajo con las autoridades del gobierno del estado para mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres, con la instalación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia.
En un comunicado, la representante de este organismo destacó el compromiso y actitud propositiva del gobierno estatal para cumplir con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Al celebrarse la primera sesión de este sistema, Ochoa Ávalos enfatizó que la Conavim no estará ausente, y explicó que habrá una coordinación entre los gobiernos federal y estatal, con la inclusión de autoridades municipales, los poderes Legislativo y Judicial.
“Es la primera vez que instalamos un sistema. Contamos con la disposición y el encargo de que las mujeres son importantes para este estado, la Alerta de Violencia de Género debe de tener una coordinación de los tres niveles de gobierno, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hoy damos una señal de que nos vamos a coordinar”, apuntó.
Agregó que la violencia contra las mujeres no es normal ni natural, por lo que, adelantó, erradicarla es un tema cultural y de instituciones, en el que se debe trabajar en conjunto para garantizar su seguridad en los espacios públicos y privados. Además, anticipó que los hombres deben asumir una responsabilidad frente a situaciones en las que se vulneran derechos de sus madres, esposas, hijas, hermanas y compañeras.
El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Fernando Manzanilla Prieto, reiteró que se tiene una tarea clara, y por instrucción del gobernador Guillermo Pacheco Pulido, se determinó que es una prioridad para la entidad y la administración, por lo que se ha trabajado con las diferentes áreas.
Resaltó que se tienen claros los objetivos, una vez que son 45 medidas y 149 acciones las que se llevarán a cabo, por lo que se han determinado a los responsables y se han establecido los tiempos correspondientes para atender este problema que no es exclusivo de los 50 municipios que tienen la alerta, ya que es un tema que se trabaja a nivel estatal.
“Para el gobernador esta es una prioridad, es una prioridad para el estado, para él, para su gobierno y nos hemos puesto a trabajar”, afirmó.
En tanto, la directora del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), Mónica Silva Ruiz, afirmó que a partir del 3 de junio se implementarán en la Línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) tres unidades articuladas con espacio exclusivo para mujeres y personas con discapacidad.
De manera adicional y como prueba piloto se incorporará una unidad para mujeres e infantes en horas de mayor afluencia en las tres líneas de este sistema de transporte.
Silva Ruiz también dijo que será fortalecido, con apoyo del Tribunal Superior de Justicia, el Sistema Penal Acusatorio mediante la contratación de juezas y jueces en materia penal y familiar; el 50% de estas plazas serán para mujeres.
Una de las acciones que ya se implementó es la campaña de medios de comunicación denominada Cero Tolerancia a la Violencia, que se reforzará una vez que concluya la veda electoral.
Para atender las 45 medidas se integraron ocho subcomités de trabajo: de Capacitación Especializada para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; para Garantizar la Aplicación de la NOM 046- SSA2- 2005, de Seguridad; de Procuración de Justicia, de Comunicación Social, para Juzgar con Perspectiva de Género, de Educación con Perspectiva de Género y de Gobierno.
En la primera sesión se incluyó a los 50 alcaldes en cuyos municipios se decretó la AVGM. Participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; la diputada Rocío García Olmedo; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado, Adolfo López Badillo; la presidenta del Consejo Consultivo del IPM, Mónica Díaz de Rivera, así como miembros del gabinete estatal y representantes de agrupaciones civiles.