Bitácora
Por: Pascal Beltrán del Río / @beltrandelrio
Las escenas se repiten en diferentes partes del país: personas que insultan e incluso agreden a agentes de las fuerzas del orden.
Más allá de las justificaciones que algunos encuentran para ese actuar, debiéramos todos convenir en que faltar al respeto a la autoridad tarde o temprano se volverá contra todos.
El tema se vuelve relevante en momentos en que la nueva Guardia Nacional está a punto de entrar en funcionamiento, una vez aprobadas las leyes reglamentarias que normarán su operación en rubros como el uso legítimo de la fuerza.
La Guardia Nacional es quizá la última oportunidad que tenemos para contener de forma institucional la violencia criminal que se ha desatado en muchas de las regiones del país.
Por el bien de todos, requerimos que sus elementos sean respetados por la ciudadanía; que se vea en ellos un bastión de seguridad en la que los mexicanos puedan confiar para el resguardo de sus pertenencias y, más aún, de su integridad.
No cabe duda que la Guardia Nacional debe realizar su tarea con apego a los derechos humanos, pero sería igualmente lamentable que sus elementos no contasen con la más amplia protección de las leyes frente a faltas de respeto y, peor, agresiones físicas por parte de civiles.
Por las razones que se quiera, los elementos de las diferentes corporaciones de seguridad han desarrollado un temor de aplicar la fuerza y eso los ha expuesto a no ser tomados en serio por parte de los gobernados.
Lejos están los tiempos en que el paso de una patrulla provocaba que culpables e inocentes se ocultaran para no ser víctimas de un apañón, como el que describía La Maldita Vecindad en los años 80.
En la noche, en la ciudad, los vatos miran pasar / las patrullas, sin dudar, buscando a quién apañar
Es un tipo cara de wey y te burlas de la ley / Y te vamos a enseñar, que la vas a respetar
Hoy es más fácil que un policía sea cacheteado, escupido, empujado e incluso madreado por un civil, a que cometa un acto de represión. Y ninguno de esos extremos sirve para mantenernos seguros.
Esta misma semana, en el bastión del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, un grupo de mujeres salió al paso del gobernador de Guanajuato para increparlo y protestar contra la presencia policiaca en esa comunidad del municipio de Villagrán.
Si la manifestación era motivada por agravios legítimos, mal, porque los policías no están haciendo su trabajo como deben; y si fue organizada por los propios criminales para quitarse la presión de las fuerzas del orden, también. En cualquier caso, el acto demostró que el uniforme no provoca respeto alguno.
A decir de los expertos en el tema del uso de la fuerza, como Daniel Gómez-Tagle –a quien entrevisté ayer en Imagen Radio–, los legisladores perdieron la oportunidad de definir con claridad lo que la Guardia Nacional puede hacer y no puede hacer en el cumplimiento de sus tareas.
Las leyes reglamentarias dejaron de contemplar los diferentes escenarios de agresiones por parte de civiles contra los elementos de la Guardia y, por tanto, los dejaron mal dotados para hacerles frente.
“Es increíble que les exijamos que pongan en riesgo su vida, pero no les demos instrumentos para defenderse de una agresión”, me dijo Gómez-Tagle.
En el actual clima de falta de respeto a la autoridad, ese es un mal augurio, pues la Guardia Nacional estará orillada a decidir entre no hacer nada o usar la fuerza de manera desproporcionada, con lo cual estarán sujetos a enfrentar acusaciones.