En el proyecto incorpora un capítulo denominado “Interrupción legal del embarazo”, que obliga a hospitales y clínicas a realizar gratis el aborto cuando lo solicite la mujer.

Por: Mario Galeana

La diputada Rocío García Olmedo prepara una reforma para que las instituciones en Puebla sean obligadas a otorgar servicios de educación y salud sexual y reproductiva, y no sólo de planificación familiar.

Se trata de una serie de modificaciones a la Ley Estatal de Salud que complementan la iniciativa que en días recientes presentó al Congreso de Puebla para evitar la criminalización de las mujeres que decidan abortar durante las 12 semanas de embarazo.

En el proyecto legislativo que presentará en la próxima sesión ordinaria, García Olmedo incorpora un capítulo a la Ley de Salud denominado “Interrupción legal del embarazo”, por el cual se obliga a hospitales y clínicas a otorgar de manera gratuita y en condiciones de calidad un procedimiento de aborto cuando así lo solicite la mujer.

Este sólo puede ser otorgado “en los supuestos permitidos en el Código Penal”, es decir, cuando el embarazo se haya producido por una violación, cuando el producto posea alteraciones genéticas –es decir, malformaciones–, por embarazo imprudencial o culposo y por peligro de muerte.

El proyecto legislativo señala que los médicos o las enfermeras podrán excusarse de intervenir en la interrupción legal del embarazo por poseer creencias religiosas o convicciones contrarias al procedimiento.

Esta figura, la “objeción de conciencia”, no podrá ser utilizada cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, ni cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual o no haya personal disponible para practicar la interrupción de manera inmediata.

SALUD EN EMBARAZOS VS EMBARAZOS NO DESEADOS

El grueso de la reforma está dedicado a la prestación de servicios de salud referentes a la educación y salud sexual y reproductiva, puesto que, hasta hoy, la Ley Estatal de Salud sólo obliga a la prestación de servicios de planificación familiar.

“Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca el Estado tienen como propósito principal reducir el índice de interrupciones de embarazos mediante la prevención de aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo reproductivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares”, explica el proyecto.

Para García Olmedo, quien preside la Comisión de Igualdad de Género, la ausencia de políticas públicas referentes a la salud y educación sexual y reproductiva se ha traducido en dos hechos: el aumento de embarazos adolescentes y el registro de abortos clandestinos.

El Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) señala que en 2015 hubo 24 mil 827 partos de mujeres de 15 a 19 años en Puebla, mientras que en 2016 la cifra fue de 22 mil 976.

La legisladora local cree que estas cifras son “alarmantes” dado que, por la edad, este tipo de embarazos son considerados de alto riesgo para las mujeres.

En tanto, el Sistema de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México (CDMX) señala que mil 241 mujeres de Puebla acudieron a una clínica de la capital del país para practicarse un aborto entre abril del 2007 al 19 de diciembre de 2018.

La reforma plantea que “un gran número de poblanas” que no cuenta con recursos para trasladarse a CDMX optó por practicarse un aborto clandestino. La mortandad o las consecuencias de este procedimiento son una cifra negra, un dato perdido del que no se tiene ningún atisbo.