Las integrantes del organismo coincidieron en señalar que es un paso para evitar que las mujeres sean encarceladas por ese delito, que en algunas ocasiones “fueron acusadas por el novio, el esposo o el papá”, indicaron.

Por: Mario Galeana

Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) se manifestaron a favor de la despenalización del aborto en Puebla.

En conferencia de prensa, la presidenta del Consejo Consultivo, Mónica Díaz de Rivera, reconoció que la iniciativa de reforma presentada por la diputada local priista Rocío García Olmedo no elimina por completo las penas contra las mujeres que se someten a este procedimiento, pero advirtió que es un paso para evitar que vayan a la cárcel.

“He trabajado 12 años en la cárcel de mujeres de San Miguel y puedo asegurar que es injusto ver a mujeres que están ahí incluso por haber tenido un aborto espontáneo, y que porque el novio, o el esposo, o el papá, o la suegra lo decidieron, fueron acusadas de aborto. Hay mucha injusticia”, narró.

Entre 2015 y 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 38 carpetas de investigación por procedimientos de aborto en Puebla. Sin embargo, los datos no son desagregados, por lo que se desconoce cuántos de estos procesos se iniciaron contra hombres y mujeres que forzaron el aborto, o bien, mujeres que decidieron interrumpir su embarazo por voluntad propia.

La información que se posee ha sido obtenida mediante solicitudes de información presentadas por organizaciones sociales como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que reveló que entre enero de 2007 y diciembre de 2016 en Puebla se presentaron 55 denuncias y se dictaron 13 sentencias por el delito de aborto.

Catalina Aguilar Oropeza, consejera del IPM, dijo que en Puebla la despenalización del aborto debe ser total, y no sólo por las cuatro causales que contempla en la actualidad el Código Penal, como que el producto sea resultado de una violación, que contenga malformaciones, que se trate de un aborto imprudencial o que represente un riesgo de muerte para la madre.

“Despenalizar el aborto no es una situación moral ni una discusión moral, es una discusión que debe abordarse desde la perspectiva de derechos humanos. Es sumamente injusto que mujeres que han abortado estén encarceladas. La despenalización es una recomendación no sólo a los Congresos locales, sino a nivel internacional desde la Cedaw (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación)”, recalcó.

La iniciativa de la coordinadora del Grupo Legislativo del PRI define el aborto como la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación y propone que la interrupción sólo puede ser sancionada tras este plazo con 100 o 300 días de trabajo comunitario.

Se trata de un proyecto legislativo más bien moderado, pues aunque no anula completamente la posibilidad de cárcel, reduce la pena máxima a seis meses y otorga al juez la posibilidad de optar por el trabajo comunitario.

García Olmedo complementó su propuesta con una reforma a la Ley Estatal de Salud por la cual se crearía un protocolo para garantizar que, bajo las cuatro causales establecidas, las mujeres accedan de manera gratuita a la interrupción legal del embarazo.