La Mesa Directiva del Congreso local turnó sólo a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia la reforma presentada por Rocío García Olmedo.
Por: Mario Galeana
El PAN quedará fuera de la discusión inicial de la iniciativa por la cual se plantea que las mujeres que interrumpan su embarazo no vayan a la cárcel, pues la Mesa Directiva del Congreso local turnó sólo a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia esta reforma presentada por la diputada Rocío García Olmedo.
En este organismo legislativo no hay un solo diputado de Acción Nacional. La comisión la preside la petista María del Carmen Cabrera Camacho –quien también es presidenta de la Mesa Directiva–, y la integran los diputados Gabriel Biestro Medinilla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo (Morena), Mónica Lara Chávez (PES), García Olmedo (PRI), Marcelo García Almaguer (sin partido) y Carlos Alberto Morales Álvarez (MC).
De todos los integrantes, sólo el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano se ha mostrado en contra de la iniciativa, al colgar en su curul un pañuelo azul, símbolo con el que la derecha y la ultraderecha se declaran provida y, por tanto, contra la reducción de penas impuestas a las mujeres que deciden abortar.
Aunque los diputados del PAN poseen derecho a acudir a las sesiones de la comisión y manifestar su postura, no poseerán voto, lo que supone que la iniciativa será aprobada y, más tarde, trasladada al Pleno.
La decisión de la Mesa Directiva fue anunciada ayer por García Olmedo, quien dijo que la Comisión de Igualdad de Género –presidida por ella– elaborará un informe que presentará a los integrantes de la única comisión que evaluará la reforma.
“Tenemos 30 días para poderla presentar y la haremos llegar en tiempo y forma. A mí me parece muy importante que se haya hecho de esa manera; evidentemente, este es un tema que tiene que ser visto no por cuestiones confesionales, y creo que eso va ayudar bastante”, dijo.
La coordinadora legislativa del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, había exigido que esta iniciativa fuera turnada también a la Comisión de la Familia, controlada por su partido.
La propuesta consiste en definir el aborto como la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación y, además, señala que la interrupción sólo puede ser sancionada tras este plazo con 100 o 300 días de trabajo comunitario.
Hasta hoy, el Código Penal del Estado plantea penas de uno a seis años en contra de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.