Para el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, tan importante es dotar a los elementos policiacos de lo necesario para llevar a cabo su trabajo, como atender los problemas que aquejan a la población, como pobreza, marginación, educación y sobre todo el tema de las adicciones.

Por: Guadalupe Juárez

Para el actual secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso García, la ruta para reducir los índices de criminalidad que han golpeado en los últimos años a la entidad tiene que ir en dos caminos: Sí, mejorar las fuerzas policiales y su operación, pero a la par atender los problemas estructurales de la población como pobreza, marginación, salud y educación, además de las adicciones.

El diagnóstico en sus manos arroja lo que no se había reconocido en años, el debilitamiento de las instituciones —sobre todo las de seguridad— por un abandono presupuestal y de atención de administraciones anteriores que ha impedido, a su vez, el desarrollo adecuado de los elementos de seguridad.

También, muestra una cultura de la violencia arraigada en la sociedad alimentada por programas televisivos que llegan sin restricciones a niños y jóvenes, 90% de impunidad concentrado por la mala adaptación del sistema penal acusatorio en el país y la adicción en jóvenes que parece estar estrechamente relacionada con la inseguridad en el estado.

En entrevista con 24 Horas Puebla, Alonso García detalla el plan estatal de seguridad que dejará a la próxima administración, con el que ha visto ya algunos resultados —como la disminución en los casos de robo de vehículos— y detectado las regiones que necesitarán una mayor atención.

Por ejemplo, el triángulo rojo, donde reconoce que no es suficiente abatir el crimen, y que pese al combate al robo de hidrocarburos y a transporte de carga es necesaria una estrategia transversal que atienda las necesidades de la población.

EL PLAN

El plan estratégico implementado por Alonso García en la actual administración —el funcionario estatal ya ha sido secretario de seguridad de los ayuntamiento de San Andrés Cholula y Puebla— está dividido en seis ejes.

El primero —explica— consiste en el tema del fortalecimiento y profesionalización de la policía, ya que hay un déficit a nivel nacional, por lo cual en estos casi cinco meses ha logrado incorporar a 150 elementos más a la SSP.

Pero no sólo con incrementar el número de uniformados es suficiente, pues considera que se necesita fortalecer el servicio oficial de carrera policial, en el que se involucre un esquema de estímulos y ascensos.

En este periodo del gobierno han ascendido a 45 elementos en diferentes categorías dentro del servicio policial, entregando reconocimientos a quienes han destacado en su labor, así como incentivos económicos a los mejores policías del mes.

Los incentivos han alcanzado a todo el personal de la dependencia —asegura—, sobre todo en las áreas operativas, como policías de carretera, Ceresos, Policía Turística, grupos de operaciones especiales para fortalecer su esquema de incentivos económicos, para que tengan mejores condiciones laborales.

El segundo eje consiste en un plan de prevención de la violencia, delincuencia y adicciones, en el que se tomen en cuenta factores como la descomposición del tejido social, la pérdida de valores y el consumo de estupefacientes. En los últimos 10 años —dice— se han triplicado las personas que son consumidoras de alguna droga, los mayores compradores son jóvenes de entre 14 y 21 años de edad. El consumo de estas sustancias se relaciona con los índices delictivos, ya que entre 50% y 60% de los probables responsables que la policía logra detener por la comisión de algún delito son consumidores de alguna droga.

El tercer eje se enfoca en el combate a la logística criminal, en el que se han dedicado a analizar los delitos más recurrentes en el estado, se clasifican y con base en ello elaboran una estrategia para hacerles frente. Para ello, el estado es dividido en 11 regiones —antes eran seis— donde concentran personal en bases de operaciones y se coordinan con los elementos municipales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal, y así se elabora un diagnóstico regional en el que se identifican horarios, días, modus operandi y bandas criminales, las cuales junto a otras instancias como la Fiscalía General del estado buscan desarticular para disminuir el potencial que tienen dichas organizaciones.

—Entonces nos ha empezado a dar resultados, sobre todo en temas de robo a vehículo que ha empezado a disminuir, en un mínimo porcentaje de 2% o 3% nada más, pero empezamos a disminuirlo.

El robo a transporte de carga buscan reducirlo a través de esquemas de coordinación con los tres órdenes de gobierno, aunque en la última evaluación detectaron 30% de disminución del delito en los últimos cuatro meses, pero la violencia en la comisión de estos se ha disparado.

Otro de los resultados que evalúa como positivos es que 35% de las detenciones que hace la Policía Estatal es muestra de los resultados de las acciones, estrategias operativas y la disponibilidad de la corporación, por lo que espera que la disminución de la incidencia delictiva sea “más palpable” con el tiempo.

El cuarto eje consiste en el fortalecimiento del esquema 911 a través del C5 que incluye el incremento del personal certificado para atender las llamadas de emergencia y monitorear las cámaras, así como la habilitación de los arcos de seguridad en centros estratégicos de seguridad en los que sustituyeron la tecnología obsoleta que encontraron con sistemas de cámaras lectoras de matrículas y con llamadas de emergencia activadas. Tres de ellos ahora están vinculados con la Sedena, Policía Federal y elementos municipales, pese a ello los seis arcos apenas tienen 50% de avance en operatividad.

El quinto eje se enfocó en nuevas estrategias y políticas públicas de seguridad en el que se fortaleció la seguridad de carreteras al transformar el área de vialidad del estado en una Policía Estatal de carreteras. Hecho que considera será una de las “innovaciones” que se dejará a la próxima administración.

También la creación del departamento de estudios en seguridad pública criminológica integrado por especialistas en el tema que revisan el fenómeno criminal para determinar “áreas geodelictivas” con mayor incidencia, grupos delincuenciales y esquemas de violencia con el que pueden implementar estrategias y políticas públicas para atender los temas de seguridad.

Por último, el eje seis en el que buscan “darle orden” a los tres Centros de Reinserción Social (Ceresos) administrados por el estado, en especial al de San Miguel, donde comenzaron a credencializar a los visitantes e integraron un grupo de seguridad capacitado ante los constantes amotinamientos.

—Se tenía desorden, no se respetaba el reglamento y esa es una primera etapa de toda una estrategia que tenemos en el sistema penitenciario, que también tiene que ir más allá de intramuros, dando mejores esquemas de derechos humanos, seguimiento de las personas que han cumplido una sentencia, porque también necesitamos darle seguimiento a ver qué sucede con estas personas, tanto en el ámbito de investigación y buscar su desarrollo en la sociedad, realmente su reinserción social.

Alonso García hace énfasis en que los factores que influyen en los niveles de criminalidad están relacionados con el debilitamiento de las instituciones, uno de ellos es el sistema procesal que ha arrojado índices hasta de 90% de impunidad.

—¿Qué quiere decir? Que las personas que logran detener las instituciones policiales prácticamente no pagan esa responsabilidad. A través de eso, en las políticas públicas que hemos hecho, hoy en las 11 regiones se hacen mesas donde se le da seguimiento a las detenciones que se hacen en todo el estado para que la Fiscalía nos vaya también informando y darle seguimiento cómo se judicializó y el Tribunal cómo se sancionó y, esto nos ha ayudado un poquito a abatir la inseguridad.

MÁS RETOS

—En estos casi cinco meses, ¿cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado? ¿En qué condiciones encontró la dependencia a su cargo?

—El mayor reto es la falta de atención que en los últimos años han padecido las instituciones policiales, hablo desde la Secretaría de Seguridad Pública estatal como en los municipios. Hay una debilidad institucional. No hay instituciones fortalecidas con recursos, profesionalización, presupuesto, programas integrales de seguridad, programas continuos de seguridad, durante muchos años se ha abandonado el tema de inversión en seguridad, ha sido parte de los factores que han conllevado a que la criminalidad vaya creciendo.

El titular de Seguridad Pública estatal ve otro reto: la descomposición social, generada por la pérdida de valores y la falta de participación ciudadana, sumada a una cultura de violencia.

—Tú te das cuenta, hoy los niños, los jóvenes, son muy apegados a ver series televisivas con alto esquema de violencia, en los canales abiertos de televisión hay programas con un alto porcentaje de sexualidad, violencia a horas abiertas para niños y jóvenes, esto ha llevado una alta cultura de violencia.

A lo anterior se suman las adicciones de un delincuente, si una persona que delinque es adicta, necesita —dice— entre 500 y 700 pesos para adquirir esas drogas, por lo cual asalta y roba.

—Si nosotros no atendemos estos factores va a ser muy difícil que solamente con la operatividad o con una mejor policía podamos ir avanzando, por eso lo que te platicaba, el reto es ir en las dos pistas y atender los factores que llevan a la criminalidad y por otra parte ir atendiendo el día a día.

Por lo anterior, Alonso García insiste en que la estrategia debe atender estos temas en acciones transversales, en los que el gobierno se enfoque en las zonas con mayores índices criminales, la pobreza, la falta de servicios, educación y empleo, que tienen que ver con el tema de seguridad

—Hablaba de un déficit policial ¿Qué tan complicado es el reclutamiento de nuevos policías con todo este contexto de violencia y la falta de credibilidad a las instituciones?

—Sí, es uno de los grandes retos que tenemos. No sólo de Puebla, en los últimos años hemos vivido una falta de elementos en las diferentes instituciones y gran parte ha sido a lo que se le ofrece a aquel joven que realmente aspira ser policía. Si tú no le ofreces realmente mejores condiciones de vida, y tiene un riesgo latente el ser policía, que arriesga todos los días la vida, que a lo mejor no tiene las condiciones necesarias de equipamiento, de profesionalización, entonces va a ser muy difícil que aunque tenga muchas ganas de ser policía, si no le das mejores condiciones de salarios, de prestaciones, de equipamiento, prácticamente va a ser muy complicado.

Alonso García no sólo ve en la falta de presupuesto el debilitamiento de la corporación. El modelo de los controles de confianza implementado hace 12 años también mermó los estados de fuerza de las corporaciones.

—Muchos policías que eran valiosos, con experiencia, tuvieron que salir y a veces el reclutamiento cuesta más trabajo. No quiere decir que no exista (la evaluación), sí tiene que existir un esquema en donde puedas ir evaluando la confiabilidad de los policías, pero también sus capacidades, que para mí eso es lo más importante.

—¿Qué se necesita para atender estas necesidades? ¿Cuánto de más en el presupuesto sería necesario?

—Yo creo que no podemos hablar de números exactos, lo que sí es que apenas llegamos a 3% del presupuesto que el estado invierte en seguridad y gran parte se va en el gasto corriente, entonces yo creo que uno de los esquemas más importantes es aumentar esa inversión.

El secretario cree que un buen inicio puede ser incrementar 5% o 6% los recursos, pero que estén dirigidos al fortalecimiento y profesionalización de policías preventivas estatales y municipales y también de la Fiscalía.

—Eso es importante, va emparejado mucho en la investigación del delito, conlleva tener una Fiscalía más empoderada, con mejor infraestructura, más ministerios públicos, más policías ministeriales, más peritos, vamos de la mano. El esquema de seguridad no sólo recae en la Policía Estatal o en las policías preventivas, es un tema multifactorial, transversal, es un tema que así lo tenemos que diseñar, y es un poco lo que hemos hecho estos últimos meses.

De lograr incrementar el presupuesto para estas áreas, el funcionario estatal confía en que se podrán dar mejores salarios a policías que cumplan con sus expectativas, prestaciones, mejorar los esquemas de incentivos, de becas y prestaciones.

—Todo lo que tiene que ver con su desarrollo e integración familiar, por supuesto para tener mejor equipo, en mejores condiciones, en instalaciones. Cuando vemos ese esquema de mejor inversión, vamos a captar mejores perfiles para los temas policiales, para gente que llegue a ser policía le estamos dando lo indispensable y sí van a ver que estamos dando lo indispensable y sí van a ver que va a haber una trayectoria, y que pueden desarrollarse si quieren ser policías, que realmente va a haber una profesionalización a la carrera que van a hacer.

TRIÁNGULO ROJO, BAJO LA LUPA

—Me llama la atención la división de 11 regiones, ¿hay alguna que se puede considerar como un foco rojo en la que sea necesario un monitoreo constante?

—Nos ha ayudado el dividir el estado en 11 regiones y diagnosticarlas, se ha estado trabajando en las mesas regionales y en la mesa de la construcción de la paz que nos ha estado ayudando muchísimo y que la mesa a nivel estatal ha trabajado muy bien. Lo que sí te puedo decir es que hay regiones conocidas como el triángulo rojo que tienen que ver con Palmar de Bravo, Acatzingo, Tecamachalco, donde ha sido característica geográfica el robo de combustible, pero que también tiene otra característica geográfica, que por ahí atraviesa una de las autopistas más importantes a nivel nacional que es la México-Orizaba, donde hay grupos delictivos en el tema de transporte de carga.

Por lo anterior, el secretario de la SSP señala que la zona necesita un “trato especial”, en donde el gobierno actúe de manera transversal con programas de los diferentes órdenes que atiendan la pobreza, la marginación, la educación, el trabajo, nuevos modelos económicos y de salud.

En contraste, Alonso García considera que en zonas como Huauchinango y Xicotepec han logrado contener la violencia gracias a la coordinación interinstitucional con el Ejército, al igual que en San Martín Texmelucan.

MERCADOS, CENTROS DE PODER DEL CRIMEN

—En la capital se han dado varios operativos en los mercados, ¿Qué está pasando acá, es sólo un grupo criminal o se han refugiado más?

—Es parte de los progresos que hemos tenido en estos avances de coordinación, recordarás que antes no se hacían operativos, no se entraba a los mercados, no se hacían acciones en el Centro Histórico. Hemos intentado ser un mando coordinador, porque identificamos que hay grupos delictivos —principalmente en el tema de narcomenudeo y extorsión— que estaban haciendo sus centros de poder, como en el mercado Morelos, el mercado Unión principalmente, en el mercado La Acocota, dentro de la coordinación que tenemos con la zona metropolitana se diseñó una estrategia para darle seguimiento a los grupos delictivos, sobre todo a los de narcomenudeo, pero que permean en robos a casa habitación, robo a vehículo, extorsión, muchos de estos locatarios eran extorsionados por estos grupos delictivos. Hemos focalizado a los líderes y se le ha dado seguimiento, algunos de ellos ya los hemos detenido, pero no podemos seguir sin hacer operaciones y trabajo de inteligencia.

El Centro Histórico también forma parte de estas zonas donde ha habido operativos, después de haber detectado por denuncias ciudadanas —agrega— teléfonos robados, armas inertes que utilizan para asaltar y vehículos robados.

—Se habla de que de alguna manera, el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene nexos con estas bandas locales, ¿Ustedes tienen algún diagnóstico en este sentido que los estén amparando o financiando?

—Independientemente si existen vínculos o no, que eso a veces por esquemas de información y de seguridad no es tan importante darlo a conocer, es importante decir que sí tenemos identificadas a las bandas y que todos los días los tres ámbitos de gobierno trabajamos para irlas desarticulando y estarlas combatiendo. Ha habido algunos temas que pueden vincular a algún cártel, por ejemplo el Cártel Jalisco Nueva Generación, que grupos delictivos puedan estar amparados con ellos, pero lo que nos interesa es que tenemos identificados a esos grupos delictivos por regiones, por zonas y por modus operandi y eso es lo que estamos combatiendo todos los días.

—¿Este diagnóstico lo dejará a la próxima administración?

—Sí, es una responsabilidad, lo conoce el gobernador del estado como el secretario General de Gobierno y en su momento de la transición ya se tocará de manera detallada con el equipo de transición de gobierno. Lo que nosotros queremos es que haya una continuidad, y sólo la puede haber si tienes un buen diagnóstico y, bueno, ya se decidirá en su momento qué hay que seguir fortaleciendo, pero esa es la convicción que tenemos y lo que debemos hacer es entregar lo que hemos hecho.