Por: Mario Galeana

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, consideró que las autoridades del estado y la capital no deberán resarcir a la empresa Concesiones Integrales pago alguno por rescindir el contrato de servicios de agua potable en la zona metropolitana.

Aunque admitió que desconoce los términos del contrato de la concesión, consideró que deben analizarse los escenarios por los cuales éste puede ser cancelado, como el incumplimiento de la empresa en inversión hidráulica o la falta de calidad en el servicio otorgado.

“Debe haber causas para la rescisión de ese contrato. Entonces yo creo que se puede encontrar el punto y, si hay una rescisión por ellas, no tendríamos que pagar ninguna penalización”, valoró.

El legislador dijo que el Poder Legislativo no posee un extracto del convenio, por lo que no descartó que se inicien procedimientos administrativos en contra de diputados y funcionarios de las anteriores legislaturas, a los que acusó de hacer perdedizo dicho contrato.

DUDAN DE CAPACIDAD DE AYUNTAMIENTO PARA DAR SERVICIO

A diferencia de Biestro Medinilla, el diputado José Juan Espinosa Torres aseguró que él posee una copia del convenio, ya que es público desde que una organización social obtuvo un amparo ante los tribunales federales para que este se diera a conocer.

El petista señaló que el contrato posee “excesos” en favor de la iniciativa privada, pero también advirtió su desconfianza ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, pueda absorber de manera eficaz la distribución de agua potable, drenaje y alcantarillado.

“Lo importante es que el Ayuntamiento demuestre que tendrá la capacidad técnica, financiera y humana de brindar un buen servicio, que es lo que queremos (…) porque quien no puede lo menos, no puede lo más”, insistió.

Añadió que, durante el análisis del convenio, el Tribunal de Justicia Administrativa deberá valorar si los artículos en los cuales se protege la inversión realizada por particulares se encuentran apegadas al marco constitucional.

Y aclaró que, en caso de que se deba indemnizar a la empresa Concesiones Integrales, esto será corresponsabilidad del gobierno del estado y del Ayuntamiento, puesto que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla  es un órgano desconcentrado de la administración pública estatal.

AN PIDE REVISIÓN SIN TINTES POLÍTICOS

En tanto, la coordinadora de la bancada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, dijo que su partido estaría a favor de la revisión del contrato firmado entre Agua de Puebla para Todos —nombre comercial de Concesiones Integrales—, el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Puebla.

“Necesitamos saber qué alcances tiene. Si lo que se quiere es buscar el mejor servicio para los poblanos, creo que se tiene que revisar a fondo sin tintes políticos”, matizó.