Garganta Profunda
Por: Arturo Luna Silva / @ALunaSilva
O no leen, o leen pero no entienden, o leen y entienden pero no tienen la honestidad ni la capacidad de reconocer que su intención es un completo y total despropósito: la remunicipalización del servicio público de agua, drenaje y saneamiento pone en riesgo el suministro de agua en Puebla y municipios conurbados, además de que traerá graves repercusiones financieras para el gobierno de Claudia Rivera y una grave deuda para la ciudad. Ya se ha dicho, ya se ha explicado con peras y manzanas, pero ni la alcaldesa ni los regidores levantadedos hacen caso. Hasta el titular de la SGG, Fernando Manzanilla, ya se los dijo, ¿a él sí le harán caso?
Si Claudia Rivera y el Cabildo siguen pavimentando el camino para que se cancele o revoque la concesión a la empresa Agua de Puebla para Todos, de inicio, automáticamente el gobierno municipal asumiría la responsabilidad del millonario crédito que Banobras otorgó al Soapap.
A la fecha, el Ayuntamiento no cuenta con un acuerdo con el Ejecutivo del estado.
No tiene un dictamen o plan de cómo afrontar la responsabilidad en la prestación de los servicios públicos en la zona de cobertura del Soapap.
No tiene una estimación o dictamen del impacto que en las finanzas públicas municipales puede tener la iniciativa planteada.
No cuenta con una valoración de la responsabilidad contingente, directa o indirecta que asumirá el municipio de Puebla con respecto al pago de los créditos que el Soapap tiene contratados con Banobras.
La iniciativa no valora cómo el desconocimiento de una situación que atañe a ciudadanos de otros municipios, y que pretende que el Ayuntamiento de Puebla asuma el control administrativo del Soapap, puede ser considerada como un incumplimiento que traería aparejada:
Asumir la responsabilidad por el crédito que Banobras otorgó al Soapap, con la solidaridad del gobierno del estado, ya que Banobras podría hacer efectiva la exigibilidad anticipada al término contractual.
No se han considerado las afectaciones ni la “repartición” de la infraestructura ejecutada con endeudamiento derivado de convenios de coordinación y concertación entre municipios beneficiarios, es decir, qué infraestructura se repartiría entre cuáles municipios y quién garantizará su suministro.
Tampoco los daños a los servicios públicos, y a ciudadanos de Puebla y de los otros municipios beneficiarios, a los que se les privaría de los servicios hídricos, conculcándole su derecho humano al agua y saneamiento.
Y mucho menos el efecto negativo a la calificación crediticia del propio Soapap, lo que se traduciría en limitar el acceso a programas y financiamientos.
El Cabildo debe tomar en cuenta que esta iniciativa no hace consideración alguna a cómo el municipio, con su intento, trasgrede los acuerdos establecidos con el gobierno del estado desde 1994 perjudicando a la ciudadanía tanto de la capital como de los 14 conurbados más.
No se sabe con qué presupuesto cuenta el Ayuntamiento para mantener los costos operativos de un sistema que atiende a más de 1.7 millones de habitantes (se estima que el costo operativo sea de por lo menos 75 millones de pesos al mes).
Peor: ante la necesidad de mayores inversiones para garantizar más agua en la Zona Metropolitana y atender el problema de contaminación de las aguas residuales, el municipio debería tener un presupuesto a corto plazo de por lo menos dos mil millones de pesos.
¿Los tiene Claudia Rivera?
¿Los tienen los regidores?
Todo el estado tiene un presupuesto de la Conagua de sólo 110 millones de pesos, a todas luces insuficientes.
Pero hay otras repercusiones:
Esta acción no sólo tiene importantes afectaciones económicas y financieras para el municipio de Puebla, también se debe tener el dictamen de estimación de impacto presupuestario de la iniciativa planteada en términos del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Se debe considerar en el Presupuesto de Egresos del municipio las ministraciones para la implementación del manejo del Soapap cuando el gobierno del estado retire su apoyo por tan irresponsable medida.
La acción intentada se puede traducir en una grave carga de deuda para el municipio de Puebla e incluso llegar a contravenir la Ley de Deuda Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla, generando responsabilidades administrativas para aquellos que la implementen.
El dictamen del Cabildo, además, vulnera la coordinación y buena relación con el gobierno del estado y puede derivar en diversos conflictos con otros municipios, sin que se tenga un diagnóstico de los alcances, consecuencias y efectos al erario del municipio capitalino.
Seguramente Claudia Rivera y los regidores desconocen que la mayoría de la infraestructura del Soapap está construida en predios propiedad del gobierno del estado, sin que se cuente con un dictamen jurídico sobre las posibilidades de mantener la posesión de los mismos a favor del municipio de Puebla, en caso de una controversia.
Hay tal claridad sobre las repercusiones económicas, legales, sociales y políticas, que todo parece indicar que es ideológico, electorero o una vil y obvia cortina de humo para distraer a los poblanos de los graves problemas que sufre el municipio y tapar omisiones y negligencias.
Hasta hoy nadie ha respondido a las siguientes preguntas:
- 1. ¿Conocieron, analizaron, valoraron y obtuvieron dictámenes financieros y jurídicos de los contratos y situación de los créditos que Soapap tiene contratados con Banobras?
- 2. ¿Se cuenta con una fuente de pago convenida y garantizada para hacer frente al pago del crédito referido?
- 3. ¿Se conoce y analizó el Programa de Desarrollo Regional Angelópolis?
- 4. ¿Se conocieron y analizaron los convenios de concertación y coordinación derivados de tal Programa y todos los que se tienen con los municipios metropolitanos en materia de servicios hídricos?
- 5. ¿Se está considerando o valorando la situación de los Comités de Agua que operan en las juntas auxiliares de Puebla en la toma de decisiones para incluirlas al manejo del Soapap, en caso de reasumirse el control del mismo?
- 6. ¿Se cuenta con un levantamiento de la infraestructura hídrica operada por el Soapap, inmersa en las demarcaciones territoriales de otros municipios y un dictamen de su impacto en la prestación de servicios en caso de desconocerse los alcances del Programa de Desarrollo Regional Angelópolis y entrar a una contienda legal por ello?
- 7. ¿Se conoce la capacidad de las fuentes de agua de las que dispone el Soapap, identificándose las que pertenecen a otros municipios?
- ¿Saben los regidores a cuántos ciudadanos de otros municipios presta los servicios el Soapap y sabe cómo podrían ser afectados en caso de un conflicto competencial o con el gobierno del estado?
- 9. ¿Se han calificado o cuantificado los daños y perjuicios que se pueden acarrear con esta decisión?
- 10. ¿Se tiene información jurídica y financiara, y ya se tuvo comunicación o acuerdo con la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado para tramitar el dictamen de estimación del impacto presupuestario de la iniciativa de ley propuesta, así como sobre los costos presupuestarios para la implementación de la misma?
Por supuesto que no.
Sin duda, deben revisarse las tarifas de Agua de Puebla para Todos y obligar a la empresa a ampliar y eficientar el servicio que presta, así como a cumplir con los programas y las inversiones que se establecieron en el contrato.
Pero si se insiste en la cancelación o revocación del mismo –ya le tocará en todo caso decidir al próximo gobernador, Miguel Barbosa–, “el caldo va a salir más caro que las albóndigas”.
Y los que pagarán serán, como siempre, los ciudadanos.
Por eso hay que reiterarlo: o no leen, o leen pero no entienden, o leen y entienden pero no tienen la honestidad ni la capacidad de reconocer que su intención es un completo y total despropósito.