Ante las anomalías presentadas, los padres de la joven se dieron a la tarea investigar con sus propios medios y han refutado los dictámenes de la Fiscalía y además han exigido no darle carpetazo al asunto.

Por: Guadalupe Juárez

Los padres de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril muestran una fotografía de su hija al lado de uno de los pacientes que atendía en el Hospital para el Niño Poblano (HNP). Los dos sonríen, pero la sonrisa de ella es la que más destaca de esa imagen. Es así como la recuerdan, feliz, con planes a futuro, como una alumna de excelencia, como una médico con un futuro prometedor, sin ninguna sombra o rastro de depresión que la llevaran a atentar contra su vida.

Ha pasado más de un año desde la muerte de la joven que entonces tenía 26 años de edad, y aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) les ha prometido a los familiares investigar el caso con perspectiva de género (muerte violenta de una mujer), insiste en la teoría del suicidio, a pesar de que ésta se sostenga de una posible carta póstuma apócrifa.

Patricia Becerril y Martín Figueroa relatan a 24 Horas Puebla cómo con sus propios medios han hecho el trabajo que no ha realizado la FGE. Ellos, con ayuda de asesores legales, se dieron a la tarea de buscar peritos para investigar cada indicio que existe, para entrevistar el entorno laboral de su hija, a amigos, compañeros y todo aquel que pueda darles una pista de qué pasó en realidad la mañana de ese 16 de mayo de 2018.

Pero las respuestas parecen estar lejanas. En su lugar, se han topado con varias deficiencias de la FGE —algunas reconocidas después por el encargado de despacho, Gilberto Higuera Bernal— que no sólo quiso dar un carpetazo al considerarlo suicidio, además, se le “echó a perder” una muestra de sangre de Zyanya y pasó por alto que el cuerpo presentaba heridas post mortem.

También la FGE permitió que se utilizara el celular de la joven que estaba bajo su resguardo, ha impedido a la familia acceder a la carpeta del caso y a la fecha insiste en mantener la línea de investigación de un posible suicidio al ordenar una necropsia sicológica a los padres de Zyanya, quienes sienten que con eso pretenden desestimar las pruebas que han conseguido.

LA CARTA

Zyanya —originaria de Ciudad de México— era la primogénita del matrimonio Figueroa Becerril, tenía dos hermanos y su mayor sueño era ser pediatra, por lo que estudiaba la especialidad en el Hospital para el Niño Poblano, donde era médico residente. Su familia de cariño la llamaba Yayis.

La mañana del 16 de mayo del año pasado la joven no llegó al hospital, por lo que el jefe de los médicos residentes ordenó a Luz Beatriz N buscarla en el departamento que ambas rentaban en el fraccionamiento Real de Zavaleta.

Al llegar, junto a otra de sus compañeras subió a la recámara de Zyanya y encontró su cuerpo en el baño. Ahí comenzaría la pesadilla, relatan Patricia y Martín.

La presunta carta póstuma que se halló en el lugar no reflejaba en nada quién era la joven de 26 años, desde la forma de dirigirse a sus padres hasta la forma de expresarse de ella misma.

“Nunca fui buena amiga, ni buena hermana, ni buena amiga y mucho menos buena en el hospital”, dice parte del texto escrito en una hoja que la FGE tomó como una prueba irrefutable de que se había tratado de un suicidio.

Pero Zyanya les decía “pa” y “ma” a sus padres, y nunca se dirigía a ellos como “mamá” y “papá” como decía el texto, tampoco menciona a sus hermanos, aunque eran cercanos. Estos detalles fueron los que levantaron las sospechas de que, quizás, ella no había intentado quitarse la vida.

“La carta pretende reflejar todo lo contrario que era mi hija, ella sacó el primer lugar de la generación y en un trabajo de investigación. Sus calificaciones denotan todo lo contrario al fracaso, primeros lugares y participaciones en congresos, reconocimientos por el rector de la UNAM, escribía artículos para una revista de Colombia”, enlista su madre, quien asegura que sostenía conversaciones frecuentes con su hija y que no había mostrado ningún signo de estar deprimida.

El supuesto texto póstumo se filtró días después a la prensa —a pesar de que los padres no la tuvieron en sus manos—, circulaba en grupos de WhatsApp, estaba en redes sociales. Todos, así, daban por hecho que se había tratado de un suicidio e inclusive había trascendido que se debía a un presunto acoso laboral y a la presión a la que son sometidos los médicos en el HNP.

Lo anterior ocasionó que los directivos del nosocomio ordenaran al personal no hablar más del tema con medios de comunicación ni con los padres de Zyanya, que querían saber si habían notado lo que ellos no habían detectado en su hija.

La cerrazón al entorno laboral de Zyanya hizo que las sospechas de que no se trataba de un caso de suicidio incrementaran, mismas que expresaron en una conferencia de prensa en la capital del país el 6 de agosto del año pasado, fecha cuando la FGE insistió en que el caso se investigaba como suicidio, pero que a petición de los familiares mantenían la indagatoria abierta.

Así, Patricia y Martín con recursos propios buscaron por fuera que practicaran un peritaje en grafoscopía que arrojó que la supuesta carta póstuma era una falsificación por imitación.

Con esto, pidieron de nueva cuenta a la FGE investigar más y no cerrar el caso. Pero se encontraron con más anomalías que se habían presentado.

INCONSISTENCIAS

El caso se basa en la escueta declaración de la roomie de su hija, Luz Beatriz N, levantada por Joel Romero García, un agente ministerial, que es quien informa que se trata de un suicidio a pesar de que él no descendió el cuerpo, sino los otros médicos residentes, quienes verificaron si todavía tenía signos vitales.

Según su informe, la familia le entregó una libreta, pero los padres lo niegan porque no los habían dejado pasar al departamento.

Después, con las entrevistas que hicieron a los testigos, Karen N, otra compañera de su hija, indica que fue ella quien la entregó sin que dijera que era propiedad de Zyanya.

Luz Beatriz N también cayó en contradicciones, explican los asesores legales de la familia, pues dice en una de sus declaraciones haber encontrado a su roomie colgada de un cable en la ventana de la recámara, cuando estaba suspendida de una mascada en el baño, versión que ya había dado antes.

Un informe de un médico legista —también pagado por la familia— señala que las heridas de la joven no son “típicas de ahorcadura” —es decir, ocasionadas por el propio peso de un cuerpo—, sino de asfixia por estrangulación armada con instrumento blando —indicio lejano al de la mascada con la que la encontraron—. También encuentra heridas en el cuerpo de un posible arrastre.

En tanto, el ministerial aseveró que la joven médico buscó quitarse la vida antes de “ahorcarse” al cortarse las venas, pero “se acobardó”.

En cambio, el médico legista dictamina que las heridas en las muñecas se hicieron después de muerta, por lo que la familia considera que el ministerial pasó por alto revisar si había indicios de que hubo un ataque previo contra Zyanya.

La falta de capacidad de la FGE para el caso se refleja todavía más cuando el ministerio público dejó que se “echara a perder” una prueba de sangre al no entregarla a servicios periciales a tiempo, con lo que buscarían si la joven había ingerido alguna droga o sustancias que se encontraron en el lugar donde fue hallada, pues había jeringas tiradas, guantes de látex, cloruro de potasio y agua inyectable.

A lo anterior se suma que el 21 de septiembre del año pasado la familia detectó que usaron el celular de Zyanya para hacer llamadas y al salirse de los grupos familiares de WhatsApp, aunque se encontraba en resguardo de la FGE.

RECONOCE FGE FALLAS

Con el dictamen del forense y la prueba de que la carta no la había escrito su hija, el matrimonio Figueroa Becerril solicitó una reunión con el encargado de despacho de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, la cual se dio el 7 de marzo de 2019.

“Cuando el fiscal Higuera nos recibe, lo primero que nos dice es que nos pide una disculpa porque la carpeta de investigación estaba en el área equivocada”, cuenta Martín.

De esta forma, Higuera Bernal ordena que la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos sea la encargada de la investigación, la cual se haría bajo perspectiva de género.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la ruta de la impunidad en estos casos inicia cuando las autoridades muestran resistencia a investigar razones de género (como feminicidio). Es así como los agresores son considerados víctimas o los asesinatos son considerados homicidios culposos o “supuestos suicidios”.

También revictimizan cuando se filtra información sensible en la investigación, en este caso, la supuesta carta póstuma.

La impunidad sigue su ruta cuando hay pérdida de evidencia o un indebido resguardo del lugar del hallazgo.

SIN AVANCES

Sin embargo, conforme han transcurrido los meses la familia se ha encontrado con más obstáculos.

“Se nos dijo que iban a poner a un grupo especializado de la investigación, hasta ahorita no han dado resultados”, dice Martín, quien asevera que tampoco a sus asesores legales les permiten el acceso a la carpeta de investigación 7387/2018/ZC.

Por otra parte, el hermetismo de la roomie de su hija, quien ha buscado un amparo y una constancia médica de un siquiatra —que renueva cada que vence—, con el que evita acudir a la reconstrucción de hechos al argumentar que sufrió estrés postraumático al encontrar el cuerpo, lo que ha ocasionado que se retrasen todavía más las indagatorias.

La búsqueda de respuestas de la única testigo que puede ayudar ha llevado a la familia a encontrarse con que Luz Beatriz N podría ser adicta a la mariguana, según lo que aseguró su siquiatra, quien le receta medicamentos para dormir, situación que los ha llevado a cuestionarse si bajo estas condiciones se mantiene como médico residente en el Hospital para el Niño Poblano.

Las veces que se ha rehusado a asistir a las entrevistas también arrojaron un dato más: su cercanía con el ministerial que llevó el caso, de quien saben la ha asesorado para no cumplir con los citatorios, además de que le permitió entrar por sus cosas al departamento un día después de la muerte de Zyanya.

“Nosotros desde un principio no aceptamos (que fue un suicidio), por eso nuestro empeño de indagar para conocer realmente lo que pasó”, señala Patricia, quien pide a la FGE hacer su trabajo e investigar qué fue lo que sucedió con su hija.