Presidenta de la Comisión Inspectora dijo que dependerá de que el organismo legislativo concluya la revisión de los ejercicios fiscales de 2017 de alcaldes y organismos descentralizados.
Por: Mario Galeana
La Comisión Inspectora del Congreso local iniciará una nueva revisión a los gastos del gobierno de José Antonio Gali Fayad y los últimos tres años de la gestión de Rafael Moreno Valle, casi al mismo tiempo en que Miguel Barbosa rinda protesta como nuevo gobernador en el estado.
La presidenta de la comisión, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, dijo que es posible que la reapertura de las cuentas públicas de ambos ex mandatarios se realice antes de que termine el segundo periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 15 de junio.
Ello depende, dijo, de que en los próximos días el organismo legislativo concluya con la revisión de los ejercicios fiscales del año 2017 correspondientes a presidentes municipales y organismos descentralizados.
“Las cuentas de Rafael Moreno Valle y de José Antonio Gali son cuentas que tuvieron su momento y que pueden ser retomadas en cuanto terminemos el rezago. Y este rezago puede concluir antes de que nos vayamos al próximo periodo de sesiones”, dijo.
En la víspera de que inicie un procedimiento administrativo contra José Juan Espinosa Torres y la revisión a las cuentas de los ex gobernadores, la diputada negó que la Comisión Inspectora actúe bajo una visión de revanchismo político por parte de Morena y sus aliados.
“Lo he repetido en varias ocasiones: para mí, esta comisión no debe ser tomada ni como garrote político, ni como premio, ni como pago. Es sólo un medio para transparentar el trabajo que cada sujeto obligado realiza. El revisar una cuenta no es un garrote. Si tuviste actos de corrupción en tu gobierno, o en tu ayuntamiento, debes dar la cara sobre las cosas que hiciste”, manifestó.
En el caso de Espinosa Torres, Romero Garci-Crespo anticipó que el plazo para definir la aplicación de responsabilidades en su contra o, por el contrario, solventar las anomalías detectadas en su cuenta pública como presidente municipal de San Pedro Cholula, se prorrogará hasta después del 2021.
Se prevé que en la sesión ordinaria de este día el Congreso local inicie un procedimiento de responsabilidades administrativas contra el ex alcalde, tras hallar observaciones que ascienden a 18 millones 749 mil 205 pesos durante su tercer año al frente del Ayuntamiento sampetrino.
De acuerdo con un informe presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la comisión, el petista no ha acreditado el uso de alrededor de tres millones de pesos en gastos contables y de 15 millones de pesos en obra pública.