El presidente del Congreso local aclaró que aunque no están a favor de la interrupción del embarazo, el instituto político formado por López Obrador se ha pronunciado porque no se castigue con cárcel a la mujer que practique esta acción.

Por: Osvaldo Valencia

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) alineará a sus legisladores para aprobar la no criminalización de las mujeres que aborten antes de las 12 semanas de gestación.

El coordinador legislativo morenista en el Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, advirtió que en caso de no apegarse a la línea nacional del partido procederían con la expulsión de quienes voten en contra de la propuesta presentada por la priista Rocío García Olmedo.

“Nosotros tenemos una línea nacional como partido muy clara en ese sentido, yo lo he platicado con los diputados, las diputadas, con el propio gobernador (electo), estamos en el entendido de que hay una línea ideológica en el partido y que en otros estados hemos promovido”, declaró.

El también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo local aclaró que aunque no están a favor de legalizar el aborto, el partido lopezobradorista apoya que no se penalice a la mujer que practique esta acción.

A la fecha, han sido dos diputadas por la coalición Juntos Haremos Historia quienes se han posicionado contra las modificaciones al Código Penal del Estado para no sancionar con cárcel a las mujeres que aborten: la morenista Cristina Tello Rosas y la petista Guadalupe Muciño Muñoz.

“No se trata de un tema personal porque no son diputadas sin partido, son diputadas que pertenecen a un grupo legislativo emanado de un partido que tiene una línea nacional muy bien definida”, afirmó.

Biestro Medinilla expresó que en caso de que voten de manera contraria a la línea del partido, la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena actuaría de oficio para proceder con su expulsión.

En la disputa por la aprobación o no de la despenalización del aborto, los diputados Rocío García Olmedo, Gabriel Biestro, Vianey García Romero, Fernando Jara Vargas, Tonantzin Fernández Lara, Estefanía Rodríguez Sandoval y Marcelo García Almaguer han hecho pública su intención de aprobar la iniciativa.

El bando antiaborto es encabezado por los cuatro diputados por el Partido Acción Nacional (PAN); las morenistas Cristina Tello y Guadalupe Muciño; el legislador por Movimiento Ciudadano, Carlos Morales Álvarez; el ex morenista Héctor Alonso Granados y la diputada sin partido María del Carmen Saavedra Fernández.

El resto de legisladores por Juntos Haremos Historia y los restantes del PRI, Nueva Alianza, MC, Compromiso Por Puebla y Verde Ecologista de México se mantienen en la incógnita.

PONEN TRABAS

En otro tema, por supuestas contradicciones lingüísticas, la Comisión de la Familia, Niñez y Adolescencia consideró como improcedente la propuesta de Rocío García Olmedo para modificar la definición de interrupción del embarazo.

La diputada presidenta de la comisión, Mónica Rodríguez Della Vecchia, señaló que la propuesta de reforma al Código Penal del Estado planteado por la priista contradice lo establecido en la Constitución Política del Estado de Puebla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La coordinadora del PAN en el Congreso local consideró improcedente la definición de aborto propuesta por García Olmedo porque contraviene la jurisprudencia de la SCJN de 2002 donde se determina que “el derecho a la vida del producto de la concepción es un derecho constitucionalmente protegido” por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 4 y 123.

También apuntan que la propuesta rompe con el sistema jurídico estatal y la Constitución de Puebla donde se estipula que “la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural” con las excepciones previstas en la ley.

La panista agregó que el cambio de definición del aborto atentaría contra el principio de la exacta aplicación de la ley en materia penal.

“Dicha propuesta desde el punto de vista lingüístico resulta imprecisa, inexacta y evidentemente contradictoria de las definiciones vigentes en el sistema jurídico nacional e internacional, por lo tanto genera inseguridad jurídica e incertidumbre por contravenir otros conceptos vigentes del aborto”, refirió Rodríguez Della Vecchia.