En entrevista con este medio, insistieron en señalar inconsistencias en el caso, como que ellos siguen pagando la renta del departamento donde vivía su hija para evitar que se pierdan pruebas que podrían dar con el homicida.

Por: Guadalupe Juárez

Los padres de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril reviraron la postura de la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a las investigaciones de la muerte de su hija al acusar que a la fecha no han asegurado la casa rentada por la joven médico en la entidad, gasto que han asumido desde hace 14 meses para evitar que se pierda cualquier indicio.

En entrevista con 24 Horas Puebla, Patricia Becerril y Martín Figueroa insistieron en que la FGE no investiga con perspectiva de género, dado que a casi cuatro meses de entrevistarse con el encargado de despacho de la dependencia, Gilberto Higuera Bernal, aún no hay avances notables del caso y hay sospechas de que se ha roto la cadena de custodia en el resguardo del celular y el iPad de su hija, así como en las muestras histopatológicas que analizarán en próximos días, de las cuales no hay certeza de que correspondan a la joven.

Además, expusieron que apenas el jueves pasado les dieron a conocer los nombres de los agentes ministeriales a quienes les reasignaron la investigación, pero sólo con un nombre de pila y sin sus apellidos completos o número de placa.

De igual manera, indicaron que apenas la semana pasada pudieron obtener copias de la carpeta de investigación, las cuales les habían sido negadas.

Tampoco han abierto más líneas de investigación, pues mantienen sólo la del presunto suicidio, cuando en la carpeta de investigación quedaron asentados otros indicios que indican lo contrario.

VEN PASOS LENTOS DE LA FGE

Para los asesores legales de la familia la investigación en manos de la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer no se diferencia de las diligencias que hacía la de homicidios, donde se encontraba el caso, pues siguen sin concretar la reconstrucción de hechos, de la que todavía no fijan una fecha.

Lo anterior también impide que la FGE asuma los gastos de la renta de la casa del fraccionamiento Real de Zavaleta y de esta forma aseguren el inmueble, pues han condicionado que lo harán hasta que se reconstruyan los hechos en el lugar.

En el caso de la revisión del iPad y el teléfono celular, la familia detectó el uso del segundo debido a que seguían con el pago del servicio con la compañía telefónica, por lo que se registró la salida de llamadas, además de la actividad en la cuenta de WhatsApp.

Ambos dispositivos serán llevados a laboratorios en la Fiscalía General de la República, así como las muestras de sangre que “echaron a perder” en el Ministerio Público, pues ellos cuentan con las herramientas para poder recuperar la información. Sin embargo, ello tardará de seis a siete meses debido a que no les dan prioridad a los casos de las entidades, por lo cual creen que la dilación en las investigaciones seguirá.

“Ahora también nos dicen que van a remitir las muestras histopatológicas de Zyanya de las que no tenemos certeza, porque ya hubo una audiencia donde los ministeriales las andaban trayendo en su mochila y en la FGE nos pidieron que nos cercioráramos de que eran de ella. No tenemos certeza de ello, porque la cadena de custodia fue quebrantada en varios aspectos y así lo admite la propia FGE”, explicó Pablo Rangel, uno de los asesores legales de la familia.

Por lo anterior, pidieron que les practiquen una prueba de ADN con sus padres para confirmar que se tratan de las muestras de Zyanya.

Otra anomalía que han detectado y que les hace creer que las investigaciones tardarán todavía más a pesar de que han pasado 14 meses de la muerte de la médico residente del Hospital para el Niño Poblano, es la falta de comunicación con los ministeriales a cargo de la investigación.

“Cada que vienen los familiares les dicen que los policías ministeriales quieren hablar con ellos, que ya tienen la investigación completa, pero cuando los papás los buscan para hablar con ellos, nos dicen que salieron del estado a otros casos y nunca ha sido posible hablar con ellos”, acusó el asesor legal.

Hasta el jueves pasado, la FGE les dio el nombre de “la comandante Susana” y la ministerial Lucina López, como las responsables de la investigación de ahora en adelante; sin embargo; consideran que no son datos suficientes.

“Por lo menos conocerlos y saber en qué está la investigación, porque hablar de policías ministeriales nos genera desconfianza. Saber que es un grupo de ministeriales que llevan la recopilación de información, es la misma gata, sólo que revolcada. Ya no es el mismo grupo, es otro, pero no hay muestras palpables de los avances”, recriminó la madre de Zyanya.

También reprocharon que Higuera Bernal se comprometió con los deudos a apoyarlos con transporte cada que tuvieran que trasladarse a la FGE para cualquier diligencia en torno al caso, pues son originarios de Ciudad de México, pero esto tampoco lo ha cumplido.

MÁS ANOMALÍAS

Los padres de Zyanya señalaron que otra falla que detectaron en la investigación días después de la muerte de su hija fue que tardaron para conseguir los videos de las cámaras de videovigilancia de la entrada y salida del fraccionamiento, pues dejaron pasar más de un mes y cuando acudieron se encontraron con que ya se habían regrabado las cintas de las fechas que necesitaban.

De acuerdo con Patricia Becerril, al acudir un mes después a buscar las grabaciones, los encargados del fraccionamiento le dijeron que la Fiscalía no había ido a solicitar el material.

“Nosotros hemos catalogado el trato de la Fiscalía como un trato parcial, lo vemos totalmente inclinado a un interés que desconocemos, pero que es evidente. Tenemos la investigación ministerial seguida por un elemento que cometió muchas inconsistencias en la investigación”, señaló Irineo López, otro de los asesores legales de la familia.

En este caso, consideró que las indagatorias se mantienen con prácticas del viejo sistema penal, en el que evitan una participación directa de los asesores de la víctima o acceso a la carpeta de investigación.

E inclusive han detectado que hay fuga de información, pues han encontrado a personal de la unidad de homicidios con documentos de la carpeta de investigación, cuando ya no tendrían que tener acceso a los datos. Ello los hace suponer que podrían pasar información a testigos clave y que predisponen a las personas que hacen sus declaraciones.

“Apenas los señores vieron a una MP con información, aunque ya está fuera de la investigación porque creíamos que les llevaban datos a los que nosotros pensamos que son los probables responsables. Entonces, notamos que el caso Zyanya se manosea por todos lados y no se resguarda la información como nos lo prometió el fiscal general (sic)”, declaró.

Los asesores legales señalaron que la ministerio público implicada es Monserrat Coca Santiago, a quien le retiraron la carpeta de investigación, nombre que aparece en diversas ocasiones en documentos del documento.

A lo anterior se suma que encontraron que la unidad de homicidios reestructuró la cadena de custodia para entregar los indicios a la Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos contra la Mujer, donde aparecen firmas actualizadas de ministerios públicos que ya renunciaron.

Asimismo, reiteraron que han sido ellos junto a los familiares quienes proponen a quién interrogar, pues la FGE tampoco ha impulsado ningún nombre adicional.

LA SOSPECHA

Los asesores de la familia Figueroa Becerril también temen que Luz Beatriz N, la compañera de Zyanya con quien compartía el departamento, se niegue a declarar de nueva cuenta, pues les informaron que busca tramitar de nuevo un estudio psiquiátrico que le permita negarse a presentarse ante el Ministerio Público con el argumento de sufrir estrés postraumático, mismo argumento que utilizó durante un año.

El miedo incrementa porque está a punto de terminar su residencia y después será más difícil para las autoridades dar con su paradero.

La FGE tampoco ha permitido a los asesores el acceso a la bitácora de las entradas y salidas de Luz Beatriz N en el Hospital para el Niño Poblano el 15 de mayo de 2018, con los que buscan cotejarla con los horarios de la muerte de Zyanya y los testimonios que han recabado.