Miguel Barbosa se negó a adelantar si romperá o no con la empresa, pero reconoció que hasta hoy las diferencias con esta pueden ser consideradas irreconciliables.

Por: Mario Galeana

El gobierno de Puebla podría litigar durante los siguientes años el retiro de la concesión del servicio de agua potable a la empresa Agua de Puebla para Todos.

Miguel Barbosa Huerta, mandatario estatal electo, advirtió que a la entidad no le debe “espantar” un litigio en el que la empresa de nombre Concesiones Integrales, SA de CV, podría reclamar una indemnización y una parte de las ganancias que proyectaba a lo largo de 25 años por dotar de este servicio.

El próximo gobernador de Puebla se negó a adelantar si romperá o no con la empresa, pero reconoció que, hasta hoy, las diferencias con esta podrían ser consideradas irreconciliables.

“Ya estoy en contacto con la gente de la empresa concesionaria y no voy a dar una opinión hasta que tengamos todos los elementos técnicos para hacerlo. Pero, mientras el agua sea vista como un negocio y no como un derecho no vamos a coincidir, no vamos a coincidir”, advirtió.

“O ¿Qué?, ¿Las juntas auxiliares no tienen derecho al agua y solo lo tienen las zonas donde se puedan pagar el servicio?”, inquirió.

VEINTE RAZONES PARA LA RESCISIÓN

Sellado a piedra y lodo por las administraciones de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, el contrato establece 20 causas por las cuales el contrato puede ser rescindido sin que el estado pague una indemnización a la empresa.

Entre éstas se encuentran que Concesiones Integrales –comercialmente conocida como Agua de Puebla para Todos– incumpla con el pago mensual de 5% de sus ingresos totales al Fideicomiso de Administración, o si llega a recibir multas que representen más de 10% de sus ingresos totales.

También se encuentran las posibilidades de que la empresa no mantenga el capital social requerido, contrate a personas como subcontratistas o que el concesionario adopte una nacionalidad diferente a la mexicana y un gobierno o estado extranjero se haga propietario de acciones.

Pero, quizá, las más importantes causales sean sólo dos: que la empresa incumpla con sus obligaciones de inversión, o que ocurra “cualquier otra causal de revocación en términos de la ley aplicable”, una frase ambigua que permite una interpretación de la Ley de Agua para el Estado de Puebla que sería sometida a juicio del Congreso local.

Sin embargo, la concesión no caería de manera instantánea. En cualquier escenario, la empresa cuenta con un plazo para tratar de subsanar los reclamos del estado.

De esa manera iniciaría una larga disputa en tribunales entre Concesiones Integrales y el gobierno que encabezará Miguel Barbosa Huerta, en caso de que se proceda a cumplir una añeja promesa de campaña: el fin de una concesión propuesta por tres décadas.

NEGOCIO REDONDO

Si algo revela el contrato –que recientemente fue difundido por el diputado José Juan Espinosa Torres–, es que se dotó a Concesiones Integrales de un negocio multimillonario: en 30 años, la empresa planeó recaudar 37 mil millones de pesos por el cobro de agua, drenaje y alcantarillado en la capital, Amozoc, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula.

La empresa tendría hasta este año para cumplir con la inversión de cinco mil 330 millones 518 mil 66 pesos que establece el contrato.

No debería ser algo difícil. De diciembre de 2013 a mayo de 2016, Concesiones Integrales recuperó una inversión inicial de mil 726 millones de pesos pagados al gobierno estatal, pues sólo en ese lapso sus ingresos fueron de dos mil 400 millones de pesos.