Integrantes de la ASA pidieron que el gobierno también audite las finanzas de la empresa beneficiada con la concesión.
Por: Mario Galeana
El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) posee una deuda por mil 684 millones 985 mil 700.02 pesos, que se presume incosteable por el bajo nivel de ingresos del organismo y la cesión de la cartera vencida a la empresa Concesiones Integrales.
De acuerdo con un dictamen financiero del Soapap, hasta el 31 de diciembre de 2018 el organismo poseía obligaciones financieras a corto plazo por 76 millones 330 mil 254.58 pesos, además de un crédito otorgado por Banobras por un saldo de mil 608 millones 655 mil 445.44 pesos.
Sólo el pago a corto plazo resulta insostenible, pues el Soapap posee 41 centavos por cada peso de deuda vigente, según el análisis presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en mayo de este año.
Lo anterior está originado en que el organismo público descentralizado gasta más de lo que recibe. En 2018, por ejemplo, sus ingresos fueron por 250 millones 822 mil 773.36 pesos, pero gastó 271 millones 93 mil 556. 31 pesos.
Esta condición fue aún más notoria en 2017, cuando tuvo ingresos por 143 millones 857 mil 901.70 pesos, pero gastó 235 mil 566 millones 266.93 pesos, lo que implica un desahorro de más de 91 millones 708 mil 365.23 pesos.
El estado del análisis de la deuda del Soapap se agrava si se considera que cedió su cartera vencida a la empresa Agua de Puebla, que asciende a los mil 125 millones 333 mil 430.78 pesos.
El total de cuentas por cobrar del padrón de usuarios fue otorgado a la concesionaria por concepto de contraprestación inicial y contraprestación periódica mensual, según lo establecido en el convenio signado en 2013.
El Soapap y Concesiones Integrales también se encuentran en una controversia para determinar quién es el propietario de una bolsa de recursos de siete millones 426 mil 493.37 pesos que fue agregado en el Fideicomiso de Administración integrado en el convenio de concesión.
Ello ocurre en medio del análisis que el gobernador Miguel Barbosa Huerta realiza para analizar la rescisión del convenio signado en el periodo de Rafael Moreno Valle.
VEN CONDICIONES FAVORABLES EN LITIGIO INTERNACIONAL
Ayer, integrantes del colectivo de la Asamblea Social del Agua (ASA) pidieron que el gobierno de Puebla audite las finanzas no sólo del Soapap, sino de la empresa beneficiada con la concesión.
María Eugenia Ochoa, portavoz de la organización, consideró que si Concesiones Integrales recurre a los tribunales internacionales para impedir la rescisión del contrato, el gobierno del estado posee condiciones para ganar el litigio, puesto que el agua es un derecho humano.
La activista dijo que América Latina cuenta con un antecedente reciente similar al que podría enfrentar Puebla.
El gobierno de El Salvador, dijo, intentó rescindir el contrato a una empresa minera que contaminaba el agua con cianuro. El consorcio, en respuesta, recurrió a la Organización Mundial del Comercio (OMC), instancia a la que también podría recurrir Agua de Puebla para Todos.
“Si se revoca la concesión, que es lo que nosotros demandamos, se puede ir a tribunales federales para defender su derecho mercantil, porque ellos lo que defienden es su ganancia, no la vida. Entonces al irse a este nivel tenemos posibilidad de ganar. En El Salvador ganó la controversia, porque obviamente el derecho humano está por encima del derecho comercial”, dijo.
La representante de la ASA señaló que, al suspender el suministro de agua o el servicio de drenaje, Concesiones Integrales pudo poner en riesgo la vida de los usuarios.