Datos en poder de este medio proporcionados por la SSP a través de una solicitud de información refieren que hasta mediados de junio había una persona del sexo femenino privada de su libertad por interrumpir su embarazo.
Por: Mario Galeana
El número de mujeres procesadas por aborto que podrían recuperar su libertad tras la firma del decreto del gobernador Miguel Barbosa Huerta no se encuentra definido.
La complejidad para enumerar los casos se debe a que las cifras oficiales de las detenidas por interrumpir su embarazo no distinguen si esto se realizó por voluntad propia o si se trató de un aborto inducido.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registran cuatro denuncias por aborto durante el primer semestre de este año, pero la información no se encuentra desagregada por sexo, por lo que se desconoce si éstas corresponden también a hombres que forzaron a mujeres a interrumpir su embarazo.
Tras el anuncio del gobernador, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Vianey García Romero, dijo que en Puebla hay 11 mujeres encarceladas por aborto, pero no hay datos oficiales que corroboren su dicho.
Según información obtenida por 24 Horas Puebla a través de una solicitud de información dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hasta el 19 de junio había una mujer de 26 años encarcelada por aborto.
En tanto, cifras conseguidas por las organizaciones que integran la campaña Aborto Legal en Puebla señalan que, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se han dictado 11 sentencias condenatorias contra mujeres desde 2009 a 2017.
El aborto se encuentra tipificado como delito e incluye penas que van de uno a seis años de prisión. El artículo 343 de este código plantea que la sanción se reducirá a seis meses o un año de cárcel sólo bajo tres condiciones: que la mujer “no tenga mala fama”, “que haya logrado ocultar su embarazo” y que “éste no sea fruto de matrimonio”.
Natalí Arias, integrante de esta campaña y directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) AC, ha alertado que otras mujeres han sido procesadas por homicidio en razón de parentesco, cuando lo ocurrido fue un aborto.
Las organizaciones feministas en pro de la despenalización de esta práctica han revelado que en la última década alrededor de 69 mujeres fueron vinculadas a procesos penales por interrumpir sus embarazos.
Según el Poder Judicial, en ninguno de estos procesos se dictaron sentencias absolutorias, pero en 24 casos el proceso se encuentra radicado.
LA CIFRA NEGRA DEL ABORTO CLANDESTINO
Las autoridades tampoco tienen estimaciones sobre el número de mujeres que, ante la criminalización del aborto, optan por recurrir a clínicas clandestinas locales o interrumpen su embarazo por métodos propios.
Por lo anterior, se desconoce el número de muertes de mujeres que han perdido la vida en clínicas no regularizadas ante el sistema de salud.
Sin embargo, cifras oficiales de la Secretaría de Salud de Ciudad de México señalan que, en los últimos tres años y medio, 416 poblanas originarias de 56 municipios acudieron a alguna de las 13 clínicas que proveen el servicio de manera legal, segura, confidencial y gratuita en la capital del país.