Bitácora

Por: Pascal Beltrán del Río 

 

El 21 de marzo de 1978, Eugenio Méndez Docurro salió temprano de su casa para asistir como invitado a la ceremonia por el natalicio de Benito Juárez.

Fundador del Conacyt, en 1971; director general del IPN, entre 1959 y 1962; secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio anterior y, en ese momento, subsecretario de Educación Pública, Méndez Docurro tenía un lugar reservado en el homenaje anual al Benemérito de las Américas, al que asistiría el presidente José López Portillo y en el que el orador único sería el canciller Santiago Roel.

Cuál sería su sorpresa que, al llegar al Hemiciclo a Juárez, no lo condujeron a su lugar en la tribuna de honor, sino lo subieron en una camioneta de la Procuraduría General de la República. Minutos después, ya estaba en el Reclusorio Oriente, acusado de fraude en la compra de equipo para la SCT.

“Estoy desconcertado, no sé qué decir, por favor no me pregunten más hasta que conozca mi situación jurídica”, alcanzó a decir el político veracruzano, quien en ese momento figuraba en la lista de los aspirantes a la gubernatura de su estado junto con Jesús Reyes Heroles y Gustavo Carvajal Moreno.

Pese a ser día de asueto, el juez Raúl Murillo Delgado ya esperaba a Méndez Docurro para someterlo a proceso. Y para que no quedara duda que la instrucción en su contra venía desde lo más alto del sistema, el juzgador le dijo que su consignación “no obedecía a motivos políticos, sino simplemente a la demanda que hace el pueblo para que se castigue a los funcionarios inmorales”.

Como se sabe, para entender la política mexicana es necesario leer las declaraciones al revés.

Dos semanas estuvo Méndez Docurro en la cárcel. Salió el 5 de abril, luego de pagar una fianza por 75 mil pesos. Cuatro años después, visitaría al presidente López Portillo en Los Pinos. El 10 de julio de 1980, el mandatario anotó en su diario: “Hoy vino Méndez Docurro a verme, para que se ablande su sentencia. Lo veré con el procurador” (Mis tiempos, página 984).

El exsecretario fue uno de una veintena de funcionarios del periodo del presidente Luis Echeverría que pisaron la cárcel como parte de la limpia sexenal. “Gran polvareda”, la llamó López Portillo en sus memorias (op. cit. p. 630).

Otros casos relevantes fueron los de Félix Barra García, exsecretario de la Reforma Agraria, y Alfredo Ríos Camarena, ex director del Fideicomiso Bahía de Banderas. Este último se dio a la fuga, aunque fue aprehendido en Estados Unidos. Por eso el engaño, en el caso de Méndez Docurro, para hacerle creer que era invitado especial en la ceremonia del 21 de marzo.

Traigo a la memoria estas historias porque somos un país con pocos recuerdos. Como en la película El día de la marmota, pensamos que las cosas suceden por primera vez, aunque ya hayan ocurrido antes. Es larga la lista de funcionarios que, desde entonces, han sido encarcelados como parte de una supuesta moralización de la vida pública, sólo para ser liberados meses o años después, muchas veces con su dinero intacto. Porque de lo que se trata es de destruir su reputación, no su fortuna.

Hoy pretenden hacernos creer que el de Rosario Robles es un caso único. Incluso varios columnistas se van con la finta y escriben que es la primera vez que se mete a la cárcel a un ex secretario de Estado por presuntos delitos cometidos durante su gestión, aunque, como ya vimos, no es así.

Sin prejuzgar su responsabilidad en los hechos de los que se le acusa, el caso Robles tiene tintes inquietantes de que se pisoteó la presunción de inocencia. Tocará a la FGR probar con hechos no sólo la culpabilidad de la ex titular de Sedesol, sino que ya se terminaron los tiempos del uso político de la justicia.