El número oficial de posibles asesinatos por razón de género no coincide con el que tienen organizaciones civiles y observatorios de la academia.
Por: Mario Galeana
La Fiscalía de Puebla tipificó como feminicidios sólo uno de cada cuatro homicidios cometidos contra mujeres en 2018.
Mientras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 125 asesinatos en ese lapso, los ministerios públicos locales reportaron ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que sólo 32 podrían ser considerados asesinatos en razón de género.
Sin embargo, el reporte del organismo sobre estadísticas preliminares de homicidios registrados en el estado contrasta con la tipificación de los crímenes que hasta ahora ha aplicado la Fiscalía local.
Antes de fallecer, 63 mujeres fueron lesionadas en la vía pública, es decir, en calles o carreteras. El INEGI registra que 52 de ellas murieron allí mismo.
El 5 de marzo de 2018, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) determinó que existen nueve circunstancias por las cuales el homicidio de una mujer puede ser considerado feminicidio.
Uno de ellos es que “el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público”, tal y como ocurrió en los 52 casos contabilizados por el organismo.
Por otra parte, en el registro del INEGI sólo en cuatro casos se confirmó que el homicida tenía un parentesco con la víctima, otra de las causales por las que puede considerarse un crimen en razón de género.
En los 121
asesinatos restantes no se especificó si el agresor tenía un
vínculo con la víctima. En el total de los casos, el organismo no pudo
acreditar si existieron antecedentes de violencia familiar.
De acuerdo con el registro, 75% de los crímenes ocurrieron en zonas urbanas y el resto en localidades rurales. En total, 11 de las víctimas hablaban una lengua indígena.
El rango de edad más común entre las víctimas es de 30 a 34 años. Pero el espectro de edad más frecuente de homicidios alcanza, en realidad, a mujeres de 15 a 44 años.
Pese a todo, los homicidios contra mujeres registrados por el INEGI reflejan una disminución de 12% con respecto a 2017, año cuando el organismo contabilizó 143 asesinatos.
PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN, INSUFICIENTES
Al respecto, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Mónica Díaz de Rivera, dijo que el protocolo de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre feminicidios ha sido insuficiente para realizar una correcta tipificación de los casos.
“El estudio de contexto que hace la Fiscalía es absolutamente insuficiente. Hay casos que son feminicidios y que pasan como cualquier tipo de homicidio culposo por la ineficiencia de nuestros ministerios públicos”, declaró ayer a Informativo 102.
La funcionaria estatal señaló que la ausencia de investigaciones robustas ha permitido el bajo nivel de sentenciados por feminicidio en el estado.
“Nos espantaríamos si tuviéramos las cifras reales porque hay mujeres que entran golpeadas a un hospital y después mueren en ese hospital; ese es un feminicidio y, sin embargo, no se toma en cuenta en las estadísticas. No podemos ponernos ni siquiera de acuerdo en cuántas mujeres asesinadas hay en el estado de Puebla”, declaró.
A mediados de julio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, advirtió que desde el Poder Judicial se ha optado por enviar a sus propios peritos a escenas del crimen porque algunas de las pruebas halladas no eran recogidas de manera correcta por los integrantes de la FGE.
“Estamos haciendo esfuerzos para tener todos los elementos. Hacemos esfuerzos para que los peritos recaben esos elementos que en muchos casos ya no llegan por la mecánica de los hechos”, soltó.
El grado de impunidad por delitos de feminicidio es de 91%, según indicadores del TSJ. Esto, debido a que de los 202 feminicidios que ha registrado desde 2013 a 2018, sólo se ha dictado sentencia en 17 casos.
DIVERGENCIA DE LAS CIFRAS
El conteo de feminicidios oficial no coincide con el recuento de probables homicidios por razones de género que realizan organizaciones civiles y observatorios de la academia.
A lo largo de seis años, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) ha contabilizado 423 probables feminicidios con base en registros hemerográficos.
A lo largo del primer semestre de este año, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) registró 45 posibles crímenes de odio contra mujeres: casi el doble de los reportados por la Fiscalía ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

