Por: Guadalupe Juárez
El colectivo La Voz Desaparecidos en Puebla busca que se establezca en la armonización de la Ley de Desaparición Forzada Estatal la participación activa de los familiares en la búsqueda.
De acuerdo con su fundadora, María Luisa Núñez Barojas, han trabajado en un borrador junto a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Estefanía Rodríguez Sandoval, del cual ya tiene copia integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda para que hagan observaciones y entonces siga su discusión al interior del legislativo.
“En resumen, estamos buscando que no nada más nos enteremos por los medios de comunicación (de los avances), que seamos tomadores de decisiones, los primeros involucrados y que las aportaciones en la investigación sean tomadas en cuenta en torno a la búsqueda y localización de nuestros familiares”, dijo.
Según la activista, la armonización de la ley permitirá que ya no haya burocracia en las instituciones encargadas de las investigaciones, lo cual considera retrasa la búsqueda de sus seres queridos.
24 Horas Puebla conversó en marzo con integrantes del colectivo y en el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, presentamos un recuento de siete casos, de los cuales –hasta hoy– no hay rastro de su paradero.
Este día, en el Teatro de la Ciudad, junto a Uniendo Cristales, especialistas y los integrantes del colectivo abordarán el panorama en la entidad de lo que hasta hace un año era un secreto a voces: ocho mil desaparecidos en la última década y sólo el registro oficial de 25% de ellos.
Juan de Dios Núñez Baroja
La noche del viernes 28 de abril de 2017 cambió la vida de María Luisa Núñez Barojas. De hablar por última vez con su hijo Juan de Dios, quien le dijo que tras un retén en la carretera Cuacnopalan llegaría 30 minutos más tarde a su casa en Palmar de Bravo –de donde eran originarios–, se vio buscándolo horas después.
Junto a conocidos y familiares, comenzó por comandancias de Tecamachalco, Quecholac, Ciudad Serdán, Cañada Morelos, Tehuacán, con la policía militar y federal en Esperanza e incluso en la Fiscalía General del Estado (FGE), en la capital poblana.
María Luisa sabía que en la zona operaban bandas dedicadas al robo de combustible y pensó lo peor, o lo que ella consideraba así en ese momento, que a Juan de Dios y a dos de sus amigos que lo acompañaban, los hermanos Abraham y Vicente Basurto Linares, les habían robado la camioneta en la que viajaban y que, para ello, los habían lastimado y abandonado en algún paraje o barranca.
También cruzó por su mente que había tenido un accidente al ir a dejar al par de amigos, o que se había complicado su situación por el retén, pensó todo, menos que se trataba de una desaparición.
Cuando no pudo localizarlo, quiso rastrear lo que su intuición como abogada le decía, levantar la denuncia del robo de su camioneta y que con ese reporte, al menos, tuvieran un rastro si daban con ella en algún estado o carretera. El pésimo trabajo del área técnica regional de la FGE no permitió que se levantara un reporte en el Registro Público Vehicular (Repuve).
Los yerros de las autoridades la llevaron a que siete meses después interpusiera una queja ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, la cual emitió una serie de recomendaciones que obligaran a la FGE a iniciar las investigaciones, pero eso lo hicieron un año después, “cuando los primeros indicios se habían perdido”.
María Luisa mantiene la búsqueda de su hijo, con la esperanza de encontrarlo con vida, de que regrese e inicie sus estudios en Derecho en la capital poblana.
Olivia Camarillo Viveros
–Ahorita vengo, voy a cobrar, regreso y comemos–, le dijo Olivia a una de sus tres hijas.
–Sí, mamá–, le respondió la niña, que vio a su mamá sacar su bicicleta, tomar una bolsa de mandado con su cartera y una carpeta donde tenía información de los clientes de una financiera para la que trabajaba en Tehuacán. Era agosto de 2016. Desde esa tarde, su familia ya no supo de ella.
Gloria Camarillo Viveros relata que pidió a la financiera la información de la cartera de clientes, para saber con quién pudo haber acudido ese día. Pidió a las autoridades que rastrearan las llamadas con las compañías telefónicas para saber si llegó al lugar donde iba o si la interceptaron en el camino.
Su hermana buscó y enumeró cada una de las cámaras en las calles donde vivía Olivia para que pudieran saber más, pero la burocracia de la FGE hizo que revisaran las grabaciones un mes después, demasiado tarde para los dispositivos que sólo guardan el material por 15 días.
En medio de la búsqueda, la familia recibió varias llamadas que, a cambio de dinero, prometían decirles el paradero de Olivia, que les relataban cómo iban vestidos cada uno de sus familiares, que les hacían saber que eran vigilados. Las autoridades les dijeron que se trataba de una extorsión, pero en la carpeta de investigación nunca se consignaron como tal.
Aparte del temor, la familia de Olivia se endeudó por sus visitas a la capital poblana para exigir avances en la investigación, esfuerzo que han considerado no ha valido la pena ante los nulos resultados.
“Nos cambian de ministerios públicos y otra vez lo mismo, ya es injusto, ya son tres años que no sabemos nada, nada, nada. A estas alturas pedimos que esté con vida, y si alguien le hizo algo, encontrarla, cómo sea, pero encontrarla”.
Raúl Vázquez Montiel
Raúl fue secuestrado un martes 4 de septiembre de 2018 en Ciudad Serdán, después de recibir una llamada telefónica y salir de una carnicería donde se encontraba, entre 10 a 12 horas.
Un par de horas después, su familia recibió una llamada donde pedían un rescate por él y los plagiarios lanzaban una advertencia: “No vayan a denunciar, porque las autoridades también saben de esto y están con nosotros, y le vamos a mandar a Raúl en pedacitos”, recuerda Sara Vázquez Montiel, su hermana.
15 días después, acudieron a la Fiscalía Especializada en Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), pero el personal que la atendió les dijo que no buscaran ni hicieran nada más, que ellos se encargarían, que ellos le avisarían, pero a la fecha siguen sin conocer el paradero de su hermano.
Meses después la Fisdai revelaría que habían detenido a los integrantes de una banda dedicada al plagio en esa región, quienes habían confesado haber secuestrado a su hermano. Los delincuentes también admitieron que se habían desecho de los cuerpos de sus víctimas en fosas clandestinas, mismas que hallaron; pese a ello se desconoce si Raúl se encuentra entre ellas.
“A raíz de ahí se vino, se pidió la información y que ellos me iban a avisar, y que nos van a avisar, pero no pasa de ahí, o sea no hay ningún apoyo de ellos”, acusa.
Sara dice que ante la incertidumbre y destrozada, ha tenido que ser detective, ir cuando les avisan que encuentran un cuerpo en la carretera, “investigar por nuestra cuenta”.
La semana pasada le informaron que encontraron un cuerpo con las características de Raúl, y a pesar de tener las pruebas de ADN desde hace más de un mes, les dicen que la identificación podría tardar más.
“Lo único que te quiero decir hermano, es que si estás vivo, quiero que sepas que toda tu familia te estamos esperando y te seguimos buscando hasta el último momento no vamos a descansar hasta encontrarte”, dice, con la esperanza de que Raúl siga con vida.
Aurelio Alfonso Solís Castañeda
Aurelio salió de su casa en Xicotepec de Juárez el jueves 8 de septiembre de 2016, con su novia, África Quiroga Costa.
Los dos fueron vistos en la terminal de autobuses junto a un profesor del tecnológico de la zona, donde la pareja estudiaba, relata su hermana, Patricia Solís. Sin embargo, ninguno de los tres volvió a sus casas.
Las tres familias acudieron al MP de Xicotepec, pero las investigaciones no avanzaban. El caso fue turnado a la Casa de Justicia de Huauchinango, donde para saber de cualquier indicio o avance tenían que viajar y, con ello, gastar recursos. Así, comenzaron a gastar los pocos ahorros con los que contaban, luego vender las cosas, hasta que “nos quedamos en la calle”, dicen.
La ineficacia de las autoridades se volvía visible con cada trámite, pues las muestras de ADN, se las tomaron seis meses después de la desaparición y, con el cambio de cinco ministerios públicos, descubrieron que nunca enviaron las muestras a los demás lugares para que pudieran identificar a su hermano, en caso de que se encontrara como desconocido en algún anfiteatro del país.
A la par, Patricia y su familia buscaron a Aurelio en las Semefo de Veracruz, en todos los municipios al norte del estado de Puebla, pero no tuvieron éxito.
Como familiar –cuenta– “tienes que hacer el trabajo de buscador, ya no tienes vida, todo el tiempo vives con estrés, angustia e incertidumbre”.
“El personal de los MP te ven como una molestia, sólo con el colectivo sintieron presión, porque así solos dicen que no tienen recursos, no tienen personal, que son pocos”.
Michell Jiménez Toxtle
Cuando Griselda Toxtle llegó al ministerio público de San Andrés Cholula a denunciar la desaparición de su sobrino, Michell Toxtle, la persona que lo atendió al ver la fotografía le dijo que era “simpático”, que seguro se había ido de fiesta y que aparecería después de unos días. Otro, le dijo que seguro era gay. Uno más, que se pudo haber ido de “mojado” a Estados Unidos.
“Le respondí: ‘Sea lo que sea, quiero que ustedes lo busquen’, la verdad se portaron muy mal, no sienten lo que es el momento cuando tenemos un desaparecido, empiezan a cuestionar en lugar de que lo busquen en ese momento, no buscan a la persona, si es buena o mala, yo quería que lo buscaran”, dice.
Ese primer encuentro con la burocracia se dio un 20 de febrero de 2016, dos días después de que Michell desapareciera. El MP pidió a la tía que primero buscara con sus amigos, en los lugares que frecuentaba, en todas partes, al no encontrarlo, fue así como levantaron la denuncia un día después.
El último contacto con Michell fue un mensaje de texto a su tía, cuando le pidió una recarga telefónica. Griselda fue al Oxxo y recargó el teléfono de su sobrino, como lo hacía en varias ocasiones, pero al pedirle que le confirmara que la había recibido, él ya no respondió.
Cuando fue a su trabajo a buscarlo, sus “patrones” le entregaron los documentos de Michell y le dijeron que había pedido permiso para visitar a un tío, pero nunca llegó con él.
Desde esa fecha lo han querido buscar en los estados que colindan con Puebla, pero la falta de convenios con las autoridades, les han dificultado acceder a sus bases de datos para identificar los cuerpos clasificados como desconocidos.
La búsqueda se complica al interior de la FGE que, aunque cuenta con los resultados de varios estudios de ADN, tampoco pueden acceder a ellos, pues los servicios periciales le piden la presencia del MP, el cual se ha negado a la fecha a ir.
Eligio Hernández Jiménez
Ausencio Hernández acudió desde el 15 de septiembre de 2016 a las autoridades de Tepexi de Rodríguez para denunciar la desaparición de Eligio, su hermano. Pero la respuesta fue que tenía que viajar a Tehuacán, donde las autoridades tomarían el caso.
Eligio salió de su casa la noche de El Grito a ver a una amiga, pero ya no regresó. Ausencio después de interponer la denuncia, al ver que los agentes de investigación no avanzaban, intentó ofrecerles para “el refresco”.
“Lo que yo quería era que peinaran barrancas, que revisaran llamadas de mi cuñada, porque ella no buscó a mi hermano, algo, cualquier cosa, si yo me doy una idea y no es mi trabajo, ¿entonces por qué ellos no pueden?”, recrimina.
Con el paso del tiempo y ver que no comenzaban a buscarlo, Ausencio llegó a la capital poblana, directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE), pero nada mejoró, querían regresar su caso a Tehuacán, donde parecía que habían dado un carpetazo.
Desesperado para que “alguien le hiciera caso”, fue a la Comisión de Derechos Humanos del estado, con diputados, con políticos, a Ciudad de México, con cualquiera que le diera algún número y la promesa de ayudarlo a encontrar a su hermano.
Ausencio buscó con sus propios recursos en varios anfiteatros, aunque dejara a su esposa que padece diabetes y su trabajo en una cocina económica.
“Lo que quería es que me hicieran caso, que hagan algo de su parte, para eso están, no están de cortesía. Nos den a su familia tranquilidad. No, no, no, no lo voy a ver jamás, me voy a morir y no lo voy a ver, qué hago”, lamenta.
José María Sedano Posadas
José María desapareció en abril de 2008. Salió de su casa en la capital poblana y desde ese día no se sabe su paradero, relata su hermana Susana Sedano Posadas, quien retomó hace un año la búsqueda, pues durante los primeros años de la desaparición las autoridades no quisieron investigarla como tal.
Susana recuerda que en la época sólo levantaron un “pre reporte” y que la única forma de búsqueda fue en Locatel.
Ella buscó por su cuenta en el Centro de Reinserción Social (Cereso), en el hospital psiquiátrico y a través de redes sociales, hasta que encontró en su viacrucis el apoyo del colectivo La Voz de los Desaparecidos, aunque sólo así las autoridades abrieron una investigación, sabe que puede tardar.
“Lamentablemente es un proceso muy lento, doloroso, pero pues con el apoyo de los demás familiares que buscan nos ayudamos, tenemos esperanza, no perdemos la fe de que lo vamos a encontrar. ¡Qué más quisiéramos que estuviera vivo!, pero si ya está muerto, pues lo aceptaríamos, pero queremos saber qué pasó”, dice con el anhelo de darle a su mamá respuestas sobre el paradero de José María.