Por: Mario Galeana
La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco nombró a tres empresarios para integrar el Consejo Directivo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), decisión que fue reprochada por activistas que se han opuesto a la privatización del servicio.
En el Consejo Directivo fueron nombrados Rafael Herrera Vélez, presidente de la Cámara del Comercio (Canaco) en Puebla; Antonio Yitani Maccise, presidente del Club de Empresarios Poblanos; y Alberto Ramírez y Ramírez, representante de la Cámara de la Industria, del Desarrollo y promoción de la Vivienda (Canadevi).
“Nosotros nos preguntamos: ¿y dónde quedó el movimiento social? ¿Por qué Claudia no incluyó a un activista por lo menos en esta propuesta?”, criticó Gerardo Pérez Muñoz, integrante del Frente en Defensa del Derecho Humano al Agua.
El nombramiento de los empresarios se hizo desde finales del año pasado e implicó aumentar el órgano de dirección del Soapap de nueve a 12 integrantes.
Este consejo ahora se integra por cuatro miembros del gobierno del estado, tres del Ayuntamiento de Puebla y cinco del sector social, entre los que se encuentran los tres empresarios citados, además del rector Alfonso Esparza Ortiz y Raimundo Alonso Sendino, titular de As Media.
El órgano tenía la facultad de proponer al Congreso del estado los costos del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, pero esta atribución le fue retirada a finales de noviembre de 2018, cuando las bancadas de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) impulsaron una reforma para que el Congreso local definiera la estructura tarifaria.
PIDEN NUEVA LEY DEL AGUA
En otro tema, los integrantes del Frente en Defensa del Derecho Humano al Agua solicitaron al gobierno del estado la expedición de una nueva Ley Estatal de Agua que impida la concesión o privatización de este servicio en todo el estado.
Pérez Muñoz y Jorge Méndez Spínola, portavoces de la agrupación, denunciaron que la actual normativa supone un plan a largo plazo que implicaría concesionar el servicio en 25 municipios más, entre los cuales se encuentran Tehuacán, Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Huauchinango, Teziutlán y Xicotepec.
La actual ley —detallaron— sólo otorga beneficios a la empresa, puesto que no incluye la figura de la defensoría del consumidor del agua y no garantiza el servicio como un derecho humano.
“Por eso hemos hecho llegar una propuesta que abrogue la ley actual, para dar paso a la iniciativa de Ley Ciudadana Comunitaria de Aguas del Estado de Puebla, y se revoque la concesión a la empresa Agua de Puebla”, anunció Pérez Muñoz.