El Congreso la aceptó por unanimidad un día después de ser entregada a la Comisión Permanente; implica la modificación del artículo 122 del Código Penal.

Por: Mario Galeana

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó de manera exprés la iniciativa que el gobernador Miguel Barbosa Huerta envió para ampliar las causales de indulto y ordenar así la preliberación de presos por motivos políticos y de mujeres encarceladas por interrumpir su embarazo, entre otros sentenciados.

La iniciativa se aprobó por unanimidad tan sólo un día después de que el mandatario la presentara ante la Comisión Permanente, e implica la modificación del artículo 122 del Código Penal.

El jefe de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, alegó que la inmediatez para resolver la propuesta se debe a que el gobierno desea iniciar a la brevedad los trámites de indulto para presos políticos y mujeres sentenciadas por interrupción de embarazo.

“(Aprobar el indulto) por el tema de las mujeres que están presas por delitos donde se ha equiparado al homicidio con la interrupción del embarazo, creo que es un acto de total justicia. Estoy muy contento, lo celebro”, dijo.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Rocío García Olmedo, reconoció que la propuesta de Barbosa Huerta está inscrita en un modelo gubernamental con perspectiva de género, pero advirtió que sólo beneficiará a aquellas mujeres que ya recibieron sentencia.

Aseguró contar con datos que indican que en la actualidad hay 73 mujeres que han sido vinculadas a procesos penales, pero que aún no han sido sentenciadas o exoneradas.

El análisis que efectuó la Comisión de Procuración y Administración de Justicia se centró, sobre todo, en la redacción del artículo y la eliminación de la palabra “discrecional” como una facultad del mandatario para otorgar los indultos. Sin embargo, este atributo decidió mantenerse.

En la propuesta aprobada −y a la que esta casa editorial tuvo acceso− también se señala que “de manera excepcional y discrecional” el gobernador podrá otorgar un indulto por cualquier delito de orden común a indígenas que hayan sido víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos.

También se podría indultar a adultos mayores de 70 años que hayan cumplido al menos una cuarta parte de su sentencia, a personas que padezcan una enfermedad en fase terminal, además de aquellos que hayan sido apresados por delitos de origen político.

Para otorgar el indulto debe existir de manera previa un informe del Poder Judicial en el que se informe respecto a la viabilidad o no de este, “expresando sus razones y fundamentos, y siempre que sea por cuestiones humanitarias, sociales o de equidad”.