Miguel Barbosa reconoció que no hay datos serios del número de personas que, bajo la modalidad de delitos comunes, fuern apresadas por motivos políticos.
Por: Mario Galeana
El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció la conformación de un comité que analizará cada solicitud de indulto presentada por personas sentenciadas a causa de motivos políticos, mujeres apresadas por delitos con sanciones de cinco años o menos, indígenas cuyos derechos hayan sido violados, enfermos terminales y adultos mayores de 70 años.
La reforma para ampliar las causales de indulto se aprobó ayer con el voto en contra del grupo parlamentario del PAN, que no sólo criticó la propuesta por supuestamente interceder en las labores del Poder Judicial, sino que incluso sugirió que la liberación de los beneficiarios de amnistía propiciará más linchamientos.
En tanto, el mandatario poblano reconoció que no se tienen datos serios sobre el número de personas que, bajo la modalidad de delitos comunes, fueron apresadas por motivos políticos.
“El problema es que a la hora de que la gente se le pide cuántos, cuáles y dónde están, se quedan callados. Estamos revisando, pidiendo informes. Por ejemplo, de los siete mil 300 detenidos en el estado, aproximadamente se están revisando los asuntos por las cuales están privados de su libertad”, señaló.
Barbosa Huerta dejó abierta la posibilidad de que también se analicen los casos de las personas que no han sido sentenciadas, pero que se encuentran en prisión preventiva.
“Todo se va a recibir, aunque no haya sentencia. En este caso no sería indulto, sino otro procedimiento en el que la Fiscalía General del Estado desista de la acción penal. Cada caso tiene su peculiaridad”, dijo.
IBERO APOYA LEY DE INDULTO
En tanto, el rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón Sánchez, dijo que una ley de amnistía o una política de indulto pueden revertir algunas injusticias cometidas en contra de personas indígenas.
“Las procesiones que tendrían que realizar y revertir las injusticias no operan como deben operar. Eso posibilita situaciones de justicia, de pobreza, la identidad étnica en las comunidades indígenas, y ene se sentido una ley de indulto o una política de amnistía podrían ayudar a procesar algunas injusticias”, dijo a su arribo al informe de labores del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
DEBATEN EN CONGRESO POR APROBACIÓN DE INDULTO
La reforma presentada por el mandatario estatal −que reforma el artículo 122 del Código Penal− fue aprobada ayer con 32 votos a favor, una abstención y cuatro votos en contra presentados por la bancada del PAN.
Fue su coordinadora, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien consideró que la propuesta intervenía en las decisiones del Poder Judicial y propiciaría una percepción equivocada sobre la impartición de justicia en las calles.
“Un reo más en las calles es motivo para que los ciudadanos sigan procurando la justicia por propia mano y los linchamientos, y estos linchamientos se puedan mantener como pan de todos los días”, soltó.
La defensa a la propuesta corrió a cargo de los morenistas Gabriel Biestro Medinilla, Tonantzin Fernández Díaz y Vianey García Romero, además de la petista María del Carmen Cabrera Camacho, quienes rememoraron el caso de Chalchihuapan y señalaron que con la reforma se revertirían las posibles violaciones a derechos humanos cometidas durante los gobiernos panistas.
“Estas personas están en la cárcel, olvidadas, sin derecho a un debido proceso. No, no hemos olvidado el pasado. Al contrario, sigue estando muy presente”, expuso Cabrera Camacho.