Por: Mario Galeana
El ex secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, se deslindó de las presuntas irregularidades detectadas en la entrega de apoyos para la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017, así como de la dilación en la ejecución de las obras.
En entrevista, el diputado local por Nueva Alianza aseguró que su periodo como funcionario estatal en el gobierno de José Antonio Gali Fayad fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de que cada recurso incluido en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue utilizado.
Sin embargo, acusó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no censó alrededor de tres mil afectados, por lo que la reconstrucción de sus viviendas sólo fue posible mediante un acuerdo con distintos consorcios empresariales.
“Se hizo un segundo censo de parte del gobierno del estado y Fuerza México, empresarios por Puebla, el Consejo Coordinador Empresarial, Volkswagen y Audi, para que otro número de familias, de más de tres mil familias que se quedaron sin ser censadas, se les entregaran viviendas. Y de estas aportaciones, el gobierno del estado entregó una recámara adicional”, alegó.
Además, refirió que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha retrasado de manera indefinida la entrega de recursos públicos para la reconstrucción de 600 casas de damnificados que hasta hoy, a dos años del sismo, permanecen sin ser atendidos.
Incluso aseguró que desde marzo de este año la Comisión para el Seguimiento de los Trabajos de Reconstrucción presentó un exhorto dirigido al gobierno federal para que aprobase la liberación de la bolsa para este rubro.
“Me he reunido como presidente de la comisión con Fuerza México, tiene los recursos para terminar estas viviendas, pero se ha frenado por parte de la Conavi la entrega de subsidios a cada una de las familias que fueron censadas”, insistió.
En días previos, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, deslindó al gobierno de Gali Fayad por las presuntas anomalías cometidas en el uso de los recursos para la reconstrucción de los inmuebles dañados por el sismo.