Para la diputada local panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, el punto no debe ser aprobado ya que —afirmó— contravendría la Constitución local.
Por: Mario Galeana
El Congreso de Puebla ha aplazado la discusión sobre la iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
A pesar de que la Comisión de Procuración y Justicia, cuya presidenta es la petista María del Carmen Cabrera Camacho, anunció que se llevarían a cabo foros y debates sobre el tema en septiembre, hasta ahora no se tiene programado la realización de ninguno de éstos.
La coordinadora de la bancada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, celebró que el análisis de la propuesta que despenaliza el aborto se haya pospuesto de manera indefinida.
“Nos da gusto que un tema tan sensible como la vida humana se le ponga pausa y no se pretenda seguir atacando”, dijo.
La legisladora panista anunció que su grupo parlamentario insistirá en que la propuesta de la diputada priista Rocío García Olmedo no puede ser aprobada, pues contravendría la Constitución de Puebla, en donde se enuncia la protección de la vida desde el momento de la concepción.
“Defendimos esta postura porque es una propuesta de reforma que va en contra de la Constitución (…) Vamos a seguir defendiendo no sólo la postura del PAN, sino la de la propia Constitución. No quitaremos el dedo del renglón”, recalcó.
El primer foro realizado en el contexto de la discusión fue coordinado por García Olmedo, quien preside la Comisión de Igualdad de Género, y las organizaciones que integran la campaña Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Al foro, celebrado el 20 de agosto pasado, asistió un nutrido grupo de activistas, cuya presencia contrastó con la de los legisladores, pues sólo cuatro de ellos acudieron al evento.
Incluso la presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia —el único órgano legislativo que analizará la propuesta antes de que ésta se presente en el Pleno— se ausentó al aducir “motivos personales”.
En días recientes, el Congreso de Puebla aprobó una iniciativa de reforma al Código Penal propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que consiste en ampliar las causales de indulto para un grupo determinado de personas presas, entre ellas mujeres que han sido procesadas por aborto.
Esta reforma puede considerarse la antesala a la no criminalización a la interrupción del embarazo.