La Entrega
Por: Adrián Ruíz / [email protected]

La decisión de Guillermo Aréchiga Santamaría de empezar con el pie derecho su gestión al frente de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) va en serio. Sin temblarle la mano aplicó la barredora para borrar a la mafia que por sexenios tuvo secuestrada a la dependencia.

Esta mafia encabezada Alberto Vivas Arroyo, subsecretario de Transporte, y Jesús Martínez Paz, director de Operación del Transporte, salió por la puerta de atrás al chocar e interponer sus intereses a Aréchiga Santamaría.

Los corruptos funcionarios amafiados con transportistas y empresarios por años mantuvieron un acuerdo no escrito para beneficiarse mutuamente. Por cuotas establecidas permitieron que prestaran el servicio con unidades chatarra.

También proporcionaban claves para que vehículos repartidores pudieran estacionarse donde querían, y en doble fila, mientras realizan sus labores.

Los servidores públicos obstaculizaron el nuevo aumento al pasaje mediante presiones al titular de la secretaría.

En corto, reunieron a los transportistas para convencerlos de que era el momento de exigir un aumento mayor. Por ello, el retraso para hacer oficial el nuevo costo.

El coordinador de Transporte, por sexenios −desde Melquiades Morales Flores− hizo y deshizo en el manejo de las concesiones para taxis. En los últimos seis meses tuvieron tiempo de “revivir” cientos de permisos y apoderarse de la mayoría.

La mayoría de nuevos taxis que circulan por la ciudad, con el distintivo de rombos amarillos y negros en las partes laterales, les pertenecen. Se apoderaron de concesiones que tienen propietarios. Con el acceso libre al sistema que abre por horas la Secretaría de Finanzas cambiaron los nombres, pero los números de permisos son los mismos.

A pesar de los candados puestos para impedir fechorías en las concesiones, la eternidad que permanecieron en la SMT permitió encontrar las llaves adecuadas para captar recursos a diario de manera ilícita.

La decisión de Guillermo Aréchiga de atacar a la mafia en la secretaría fue el primero de los pasos para depurarla. Aunque por años se ha sostenido que para acabar con la corrupción en una de las dependencias más complicadas, junto con la SEP, sería necesario dinamitar el edificio de la avenida Rosendo Márquez.