Con la expedición de la Ley de Víctimas, el gobernador pretende asistir, proteger y reparar integralmente a las personas que sufrieron delitos del orden local.
Por: Mario Galeana
El gobernador Miguel Barbosa Huerta presentó al Congreso un paquete de propuestas para expedir la Ley de Víctimas para el estado, así como otorgar a la Secretaría de Igualdad Sustantiva todas las atribuciones del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM).
El mandatario poblano incluyó también una modificación a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir el término de “violencia política de género”.
En suma, se trata de cuatro reformas presentadas ante el Congreso local durante la sesión ordinaria del miércoles 25.
Con la expedición de la Ley de Víctimas del estado de Puebla, el gobernador pretende dar asistencia, protección y reparación integral a las personas que hayan sido víctimas de delitos del orden local.
“Las autoridades deberán brindar asistencia urgente especialmente en materia de salud, educación y asistencia social, de lo contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar”, señala el documento.
La propuesta señala que las víctimas indirectas de homicidio recibirán de manera gratuita servicios de educación y alimentación, así como acompañamiento jurídico, médico y psicológico.
También adhiere al glosario de reparación del daño las definiciones de abuso de poder, amenaza de daño grave, asistencia y protección a las víctimas, informante, ofendido, publicidad ilícita, publicidad engañosa y testigo.
La reparación del daño a las víctimas será dirigida por el Consejo Estatal de Víctimas, un organismo público descentralizado que el mandatario desea crear a partir de enero del próximo año.
También incluye la posibilidad de que grupos de investigación independientes intervengan en el esclarecimiento de casos en los que se presuman violaciones a derechos humanos.
INCLUIRÍAN VIOLENCIA POLÍTICA EN LEY PARA LAS MUJERES
En el paquete de propuestas, Barbosa Huerta propuso modificar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para añadir el término de “violencia política” contra las mujeres en el ámbito político.
Este tipo de violencia sería entendida como “todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, tengan por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
Las propuestas del mandatario estatal fueron turnadas a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, e Igualdad de Género.