Los legisladores justificaron la medida al señalar que es obsoleta ante los protocolos emitidos a nivel federal para la regulación de la Guardia Nacional.
Por: Mario Galeana
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó la abrogación de la Ley bala, creada en el sexenio de Rafael Moreno Valle para regular el uso de la fuerza entre las corporaciones policiacas.
La presidenta de la comisión, Vianey García Romero, consideró que dejar sin efecto dicha normativa significaría “terminar de una vez por todas con lo que representó la represión morenovallista”.
Durante la sesión de ayer, la legisladora Tonantzin Fernández Díaz dijo que la abrogación de esta ley impedirá que se replique un episodio de represión similar al acontecido en Chalchihuapan el 9 de julio de 2014.
Aquel día, durante un enfrentamiento entre policías estatales y pobladores de la junta auxiliar, un menor de nombre José Luis Tehuatlie Tamayo resultó herido de muerte.
“Eso fue lo más vil que un gobierno pudo cometer contra sus ciudadanos. Esto es un tema para proteger los derechos de los que alzan la voz y que nunca más haya una represión como la morenovallista”, arengó la legisladora.
Se espera que durante la sesión ordinaria de este miércoles el pleno ratifique la abrogación de la ley.
Los legisladores justificaron la abrogación al señalar que es obsoleta ante los protocolos emitidos a nivel federal para la regulación de la Guardia Nacional, expedidos desde el 27 de mayo.
A principios de septiembre del año pasado, el bloque legislativo de Juntos Haremos Historia propuso la abrogación de la ley y, con su mayoría legislativa, logró imponer su decisión.
Sin embargo, el 1 de octubre Gali Fayad impidió que la ley dejara de tener efecto al asegurar que provocaría un “vacío legal” que se traduciría en un “actuar discrecional de los elementos policiales en agravio de los derechos humanos”.
Las bancadas de Morena, PT y PES trataron de subsanar las lagunas con una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado que rescató algunos puntos de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza que se impuso en el sexenio de Moreno Valle, como la aplicación de armas de fuego como “última medida” y la gradualidad en el ejercicio de la fuerza pública.
Sin embargo, fue rechazada una vez más por el ex gobernador, quien aplicó su derecho de veto al aducir que aún sentaría lagunas legales en el ejercicio de la labor de los cuerpos policiacos.
