Por: Guadalupe Juárez

La definición del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue en pausa, pues el proceso para elegir uno nuevo sigue detenido debido a la ausencia de Víctor Carrancá Bourget, admitió el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

“No sé cuándo se pueda ratificar porque no se ha desencadenado el proceso constitucional derivado de resolver la acción de inconstitucionalidad que presentó el Congreso”, dijo.

El mandatario estatal adelantó que no buscará al ex procurador y ratificó su confianza en el actual encargado de despacho, Gilberto Higuera Bernal, pues avaló su trabajo y en que hará una depuración del personal.

“Yo estoy muy convencido del trabajo de Gilberto Higuera. (…) Él sí es un buen fiscal del estado”, apuntó.

Según el gobernador, el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovido por los legisladores locales, se encontraba en manos del ex ministro Eduardo Medina Mora.

“Lo tenía guardado en su escritorio, a petición de intereses poblanos o cuando presente su renuncia Carrancá”, refirió.

En cuanto a acercarse a Carrancá Bourget para pedirle que dimita al cargo del que pidió licencia, Barbosa Huerta dijo que nunca se ha acercado al ex funcionario morenovallista y no planeaba hacerlo. “No quiero pedirle ningún favor, soy puro”, agregó.

Hace más de un año, el entonces fiscal General del Estado pidió licencia al Congreso local por “motivos personales”, aunque su gestión terminaría hasta diciembre de 2022, es decir, que todavía le faltan casi tres años al frente de la institución.

Antes de la solicitud, la LIX Legislatura modificó la Ley Orgánica de la FGE, lo cual permitió su ausencia y que pudiera nombrar al encargado de despacho.

Cuando los diputados de la LX legislatura, en su mayoría morenista, quisieron revertir los cambios, el entonces gobernador José Antonio Gali Fayad vetó las modificaciones, por lo cual el Congreso local decidió promover una acción de inconstitucionalidad que a la fecha no se resuelve.

En tanto, Higuera Bernal ha intentado incrementar el número de personal desde la gestión interina de Guillermo Pacheco Pulido con ministerios públicos, peritos y personal administrativo. Sin embargo, aún carga con índices de impunidad de más de 90%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como con críticas por la ineficiencia de la institución, sobre todo en casos de feminicidio y desapariciones forzadas.