Por: Redacción

En sesión ordinaria del Congreso del estado celebrada ayer, la diputada Mónica Lara Chávez presentó una iniciativa por la que solicitó se adicionen nuevas disposiciones al Código Penal del estado de Puebla para castigar de seis a 12 años de prisión a quienes incurran en el robo de aparatos de telefonía móvil o dispositivos tecnológicos, entre otros.

La diputada argumentó que las modificaciones consideran el delito de robo para aquellas personas que arrebaten, despojen, sustraigan o priven de su dispositivo tecnológico a otra y la misma sanción se aplicará a quienes instalen, quiten bloqueos, liberen o trasplanten los dispositivos originales o números vigentes de telefonía móvil.

Además, se prevé una sanción de cuatro a 10 años de prisión y multa por el monto de 150 a 300 unidades de medida y actualización a quien extraiga o difunda información personal o financiera contenida en el teléfono móvil o dispositivos tecnológicos.

La propuesta se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

En otro tema de la sesión, Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó el punto de acuerdo por el que solicita exhortar a la presidenta municipal de Puebla para que realice urgentemente trabajo de bacheo en las calles de la ciudad, con la finalidad de proteger la seguridad e integridad de las personas que transitan en las vialidades, evitar gastos a los ciudadanos y disminuir accidentes automovilísticos, entre otros resolutivos.

PROPONEN MAYOR VIGILANCIA A TRANSPORTE

Con el objetivo de implementar medidas que permitan conocer a las autoridades en tiempo real la ubicación, salida y destino de las unidades de transporte, Miguel Trujillo de Ita presentó al pleno una iniciativa para reformar la Ley del Transporte en el estado.

Trujillo de Ita argumentó que, con la reforma se obligará a las empresas de transporte a establecer una conexión con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C5) para establecer un monitoreo de las unidades a través de plataformas de seguridad con el fin de obtener información para que, en caso de alguna irregularidad, se pueda coadyuvar con la investigación de las autoridades.

La propuesta se turnó a la Comisión del Transporte para su análisis, estudio y dictaminación.