El presidente de la Jugocopo aclaró que los paquetes enviados por el gobernador han tenido hasta “27 modificaciones”.
Por: Guadalupe Juárez
El presidente de la Junta de Gobernación y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, rechazó de nueva cuenta que den paso en el Legislativo a las iniciativas del gobernador sin ningún cambio y, a la par, reiteró su apoyo tanto para el análisis de la Ley de Participación Ciudadana como para una nueva Ley de Planeación del Estado que enviará el Ejecutivo.
El diputado local morenista afirmó que en el resto de las propuestas enviadas por el mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, tuvo hasta 27 “modificaciones” y la participación de todos los grupos legislativos.
“Estaban dando a entender que lo que envía el gobernador no se le cambiaba ni una coma, no es cierto. (…) De todos modos se va a revisar (las iniciativas del gobernador) y va a pasar bien”, declaró.
Barbosa Huerta, en tanto, dijo que las dos iniciativas se encuentran en su escritorio y que deberán de aprobarlas antes del 28 de noviembre en el Congreso del estado para que pueda entregar el plan de desarrollo estatal.
Aunque consideró que puede presentar el plan estatal, cree que es necesario que las políticas públicas que se apliquen en su gestión sean parte de un cúmulo de leyes.
“Un sistema jurídico primero es un conjunto de leyes, un entramado de leyes, del cual derivan instituciones y las instituciones aplican las políticas públicas que surgen”, agregó.
El gobernador declaró que en la entidad hay un rezago legislativo debido a que en años anteriores la mayoría de iniciativas enviadas al Congreso local eran promovidas por el Ejecutivo.
Ejemplificó al mencionar la Ley de Planeación, pues tiene el objetivo de que entre en vigor una nueva, pues la anterior “nadie la conoce”.
“Se necesita una planeación estratégica en el estado de Puebla para hacer que las decisiones sean producto de una situación social”, lanzó.
Al interior del Congreso local se desató una serie de señalamientos en torno a que el Legislativo se convirtió en una oficialía de partes de diputados como la priista Rocío García Olmedo y el legislador sin partido Marcelo García Almaguer, así como José Juan Espinosa Torres, después de que el Ejecutivo enviara iniciativas que sólo reducían las penas por aborto, pero no lo despenalizaba, además de que no reconociera las uniones entre personas de mismo sexo, las cuales fueron aprobadas por la mayoría del partido Morena.
Lo anterior, pues en el Legislativo se discutían iniciativas para despenalizar la interrupción del embarazo y la figura del matrimonio igualitario.