Ricardo Velázquez aclaró que durante el morenovallismo los procesos “no fueron hechos con la legalidad ni con la claridad que se debía”.

Por: Denisse Meza

Las 29 notarías entregadas en las anteriores administraciones y que están siendo investigadas por irregularidades podrían ser revocadas y los responsables imputados por delitos como uso indebido de documentos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Ricardo Velázquez Cruz, señaló que la función notarial debe darse con la mayor legalidad, certeza, claridad y transparencia, por lo que al estudiar algunas de estas patentes entregadas durante los gobiernos morenovallistas se percataron que “fueron hechas al tenor de actos que por su propia naturaleza eran inexistentes”.

Los contratos deben estar fundados y motivados pero, en este caso, “los procesos no fueron hechos con la claridad ni con la legalidad que se debía, y debemos corregir este error y lo estamos haciendo”, ante esto, enfatizó, cuenta con elementos para revocar las 29 notarías.

Sin embargo, el consejero dijo que buscarán proteger a los particulares que realizaron trámites en alguna de las patentes involucradas para que sus documentos tengan validez, mientras que en los casos en los que se encuentren anomalías, también se abrirán investigaciones.

De las cuatro notarías que ya fueron revisadas, algunas se encuentran ubicadas en el municipio de Tehuacán, a las cuales ya les retiraron folios y sellos, además de que se les notificó de la revocación.

Velázquez Cruz reveló la lista de las notarías que están siendo indagadas, entre las que se encuentran dos en Chalchicomula de Sesma; cinco en Cholula; tres en Tecamachalco; cuatro en Tehuacán; cuatro en Tepeaca.

Asimismo, refirió que además de la investigación a las 29 entregadas en el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle, realizarán el mismo procedimiento a las cuatro dadas por el ex mandatario José Antonio Gali Fayad.

El SEÑALAMIENTO

A su vez, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) hizo pública la solicitud de información presentada en el periodo de gobierno de Gali Fayad a la entonces Secretaría General de Gobierno (SGG), en la que cuestionan las constancias que acreditan que las personas a las que se les entregaron las notarías cumplan con el perfil y conocimiento.

La dependencia respondió que dichos datos estaban catalogados como “información reservada”, porque “forma parte de un procedimiento deliberativo, el cual concluye con el acto mediante el cual el profesional del derecho que haya obtenido la patente de Notario Titular inicie sus funciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla”, refiere el documento.

Lo mismo ocurrió con la solicitud del listado de las personas que participaron en el proceso de convocatoria para las nuevas notarias, información que también se reservaron, pues argumentaron que darla a conocer no era jurídicamente viable.

NIEGAN PERSECUCIÓN POLÍTICA

Al respecto, Velázquez Cruz descartó que las indagatorias se deban a una persecución política, revirando a los diputados que señalan que ese es el objetivo, pues argumentó que este gobierno busca eliminar la impunidad: “Si dicen que hay persecución política, yo digo que hay un gran desaseo jurídico, fue lo que nos encontramos pero lo vamos a arreglar”.

La coordinadora de la bancada panista en el Congreso local, Mónica Rodríguez Della Vecchia, así como el dirigente municipal del partido, Pablo Rodríguez Regordosa, señalaron que no hay razones jurídicas para revocar las notarías, por lo que refirieron que se trata de una persecución política y un show mediático.

Los panistas demandaron al gobierno del estado presentar pruebas y documentos de las irregularidades detectadas y posteriormente emitir un veredicto con relación al futuro de las patentes.

Caso contrario, los diputados de la bancada morenista Tonantzin Fernández Díaz y el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, respaldaron la determinación del gobierno estatal, pues aseguran que “se entregaron ilegalmente y por pagos políticos”.