Garganta Profunda
Por: Arturo Luna / @ALunaSilva
Un dato fino que se ha soslayado en medio de los conflictos por la aprobación del PEF 2020 es que, con la superación de la fecha límite que mandata la Constitución para su aprobación, 15 de noviembre, el decreto que apruebe finalmente la Cámara de Diputados podría ser susceptible de una controversia constitucional ante la SCJN.
Paradójicamente, algo análogo ocurrió con el gasto para el Ejercicio Fiscal 2005, cuando el hoy presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, era un combativo diputado de oposición, entonces perredista, e hizo ver su suerte al gobierno del panista Vicente Fox en un litigio similar.
Hoy, es legislador oficialista y está ante una situación parecida, pero en bando distinto. Si un caso así prosperara, en el papel se debería aplicar el PEF 2019 y todas las entidades tendrían que hacer cirugía mayor en finanzas, por supuesto Puebla incluida.
El tema que es muy técnico; sin embargo, está en los posibles escenarios, luego de que los diputados federales han superado ya en seis días y contando, la fecha límite que constitucionalmente está fijada para este tema: 15 de noviembre de cada año.
A esto hay que sumar que, si hay buena suerte y se logran realizar las sesiones, primero la convocada en comisión, y luego del Pleno, será hasta este 22 de noviembre cuando se avale el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Siete días después de la fecha.
Eso deja a la oposición, encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN), en la posibilidad de controvertir el decreto que se publique ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Principalmente los panistas reclaman que se está diseñando un gasto para 2020, que en 68% está a favor de los gobiernos estatales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Nada raro sería.
Lo hicieron el PRI y AN en su momento cuando tuvieron la administración federal.
El tema de la posible controversia encuentra ahora paradojas e ironías respecto de la historia reciente.
En aquel ya lejano 2005, el hoy presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Palacio Legislativo de San Lázaro, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar fue también diputado federal.
El zacatecano militaba entonces en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y era famoso por encabezar protestas, precisamente por el tema del gasto al campo, entrar a caballo a la Cámara y ser duro y necio como una piedra en las negociaciones.
Corría entonces la LIX Legislatura (2003-2006) y el gobierno del panista Vicente Fox Quesada se encontraba en su segundo tramo.
Por muchas razones, pero principalmente por los cambios profundos que se realizaron en el Pleno a la propuesta presidencial, ese PEF 2005 terminó en una controversia constitucional.
Desde el anuncio de que llevaría su veto, Fox, en cadena nacional, el 18 de noviembre de 2004, lo tildó de “incongruente e inviable”.
Coincidencias de la vida y el ejercicio público, entonces Ramírez Cuéllar, como coordinador de finanzas públicas del Grupo Parlamentario del PRD, fue quien dio la batalla en medios y en el litigio.
El tema se resolvió luego de muchos recursos.
La ironía es que ese “incongruente e inviable”, entre muchos adjetivos más, lo recibe ahora el Proyecto de PEF de Andrés Manuel López Obrador, que privilegia el gasto asistencialista y que hoy le toca defender, como diputado oficialista, a Alfonso Ramírez Cuéllar.
Con el retraso en su aval, a pesar de que según los mismos diputados se haya “detenido” el reloj parlamentario el pasado 6 de noviembre y esté vigente la misma sesión de ese día, que se encuentra en “receso” —eso dicen—, la realidad es que ya se superó la fecha límite.
La posibilidad de que, por este y otros motivos, se vaya a controversia, es real, nos dicen los especialistas.
Sería una pena, porque todas las entidades tendrían que hacer ajustes en sus proyecciones financieras.
Y más aún, porque Puebla ha privilegiado en su iniciativa de Ley de Egresos los gastos para seguridad y campo.
Como nunca, el presupuesto para el apoyo a los productores será generoso.
Alcanzará los mil 600 millones de pesos, sólo con recursos estatales.
El jaloneo sigue en el contexto federal.
El reloj corre… aunque no el parlamentario.
El PEF 2020 sigue en vilo.