Zona 30. La funcionaria Alejandra Rubio pidió que se evalúe entre la ciudadanía la efectividad del plan de rescate de los espacios a favor del peatón
Por: Mario Galeana
Foto: Daniel Casas
Regidores de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal aprobaron la suspensión de la instalación de bolardos para proteger al peatón, y solicitarán que también se retiren aquellos que fueron instalados en 15 puntos de la capital.
Ayer, en una mesa de trabajo, la secretaria de Movilidad, Alejandra Rubio Acle, explicó que en la instalación de los bolardos se invirtieron al menos 10 millones de pesos, por lo que pidió que el programa sólo fuera suspendido.
“Hago el llamado para que se evalúe (…) veamos qué opina la gente, que en este tiempo veamos qué tanto se ajusta y qué tanto podemos demostrar, hacia dónde vamos y entender que todos somos peatones”, dijo la funcionaria.
Rubio Acle mostró un amplio estudio en el que documentaron que 21 mil 915 peatones pasan a través de 13 cruces peatonales entre 13 y 14 horas. No obstante, esto no se ha visto reflejado en la estructura vial, pues en promedio, 65% de estas calles es infraestructura utilizada por automovilistas.
Pese al estudio presentado por Rubio Acle, los regidores consideraron que los bolardos debían ser retirados por haberse instalado de manera intempestiva, sin un análisis previo.
La instalación de los bolardos forma parte del programa de Polígono Zona 30 del Centro Histórico, con el cual se decretó una reducción en el límite de velocidad en esta zona, con el propósito de salvaguardar la vida de los peatones.
Reconocen secretarios devolución de recursos
Por otra parte, los titulares de las secretarias de Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social e Infraestructura reconocieron la devolución de recursos federales por haber inscrito de manera extemporánea proyectos de obra pública y de otros rubros.
Por ejemplo, el secretario de Infraestructura, Israel Román Romano, dijo que devolverán tres millones 246 mil pesos que no etiquetaron en ningún proyecto y que, por decisión del gobierno del estado, serán reorientados a la Secretaría de Bienestar.
El funcionario especificó que la dependencia aún posee 535 millones de pesos que ya se encuentran “comprometidos” en otros proyectos de infraestructura, y que tendrán que ejecutarse antes del próximo 31 de marzo.
En tanto, la directora administrativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Maribel Recinos Antón, quien acudió en representación de la secretaria Lourdes Rosales Martínez, reconoció que 41 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) no fueron etiquetados, por lo que tuvieron que ser redirigidos al pago de la deuda pública del municipio.
Esto provocó críticas por parte de los regidores, puesto que la dependencia había solicitado previamente una ampliación presupuestal por 210 millones de pesos.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Marcela Ibarra Mateos, adujo que sólo se devolverá a la Federación una bolsa de 124 mil pesos, a pesar de que 42% de los recursos etiquetados a su dependencia no han sido ejercidos.